La Cámara Nacional de Industrias (CNI) saludó la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que admitió una acción de inconstitucionalidad contra la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado y dijo que es “acto de defensa y respeto a la propiedad privada”.
“La disposición adicional séptima genera un clima de alta inseguridad jurídica para la inversión privada y la decisión del TCP es un acto de defensa; y respeto de los derechos a la actividad económica y propiedad privada consagrados en la CPE”, dijo Pablo Camacho, presidente de la CNI.
Asimismo, destacó que la decisión del TCP es resultado de las intensas gestiones realizadas por la CNI; y otras entidades gremiales a nivel nacional frente a una norma considerada confiscatoria por varios sectores de Bolivia.
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CNI
Camacho señaló que la CNI fue la primera entidad gremial en rechazar y solicitar la anulación de la disposición adicional séptima por considerarla confiscatoria; y transgredir el derecho a la propiedad privada consagrada en la Constitución Política del Estado. “Los industriales iniciamos un conjunto de acciones intensas en coordinación con varios sectores empresariales; para lograr que esta norma sea anulada”, indicó.
La decisión del TCP deja en suspenso la aplicación de la ley hasta que se pronuncie con una sentencia; y también prohíbe el tratamiento de cualquier otra normativa vinculada a la citada norma; hasta que se dicte la respectiva sentencia constitucional plurinacional.
Además, remarcó que la CNI continuará en permanente vigilia y se seguirá adoptando acciones y pronunciamientos para que esta disposición confiscatoria sea totalmente anulada.
Este lunes, el TCP suspendió provisionalmente la aplicación de la polémica disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, denominada como la “norma confiscatoria”.
La disposición había generado el rechazo de varios sectores. Incluso se conformó un Comité Multisectorial integrado por gremiales, transportistas; productores y otros que se movilizaron en contra de esta normativa. El Gobierno argumenta que es para luchar contra el contrabando.
