La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento este miércoles ante el aumento de la conflictividad social derivada de la crisis económica en el país, marcada por la escasez de dólares, el desabastecimiento de combustibles y el alza de precios de alimentos, medicamentos e insumos básicos.
El organismo destacó que sectores como transportistas, empresarios y comerciantes han expresado su malestar y anunciado medidas de presión, exigiendo respuestas urgentes del Estado. Este miércoles, por ejemplo, dos sectores anunciaron protestas por el encarecimiento de la vida en general y por la escasez de combustibles.
“Se exhorta a las autoridades de Gobierno, en sus diferentes niveles, a optimizar la gestión de la conflictividad en el país. Esto implica priorizar el diálogo como mecanismo de resolución de controversias y atender las demandas de los sectores movilizados, con el propósito de prevenir la agudización de los conflictos, proponer soluciones viables y transparentes”, señala al respecto el pronunciamiento.
Puede leer: YPFB reinicia despachos al 100% de combustible para La Paz y El Alto
Defensoría
La Defensoría reconoció que la Constitución Política garantiza el derecho a la protesta como «mecanismo legítimo para expresar demandas», pero advirtió que este derecho «tiene límites cuando se adoptan actitudes hostiles». Por ello, instó a los movilizados a actuar «de manera pacífica y dentro del marco legal».
Citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo recordó que las fuerzas policiales deben emplear la fuerza de manera «legítima, necesaria y proporcional», respetando los derechos humanos durante las intervenciones.
Exhortó a las autoridades a buscar el diálogo para gestionar la conflictividad, para de esta manera “asegurar el bienestar general y la convivencia pacífica de todas y todos los bolivianos”.
La Defensoría señaló que la escasez de divisas y combustibles ha generado un «encarecimiento de la canasta familiar» y afectado actividades económicas, lo que ha derivado en protestas en varios departamentos.
El organismo anunció que mantendrá un monitoreo constante de la situación para «proteger los derechos humanos» y promover «iniciativas que fortalezcan la convivencia pacífica».
Sin tomar partido, la Defensoría subrayó su rol constitucional de velar por la dignidad humana y pidió a todos los actores priorizar el diálogo en un escenario donde la tensión social podría escalar si no se abordan las causas estructurales de la crisis.
