La agencia tributaria federal de Estados Unidos llegó a un acuerdo con las autoridades migratorias para compartir información que facilita al gobierno identificar a los migrantes que quieren deportar, según documentos judiciales.
Un motivo adicional de preocupación para los grupos defensores de los migrantes y una victoria para el presidente Donald Trump, quien prometió la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos.
Se estima que al menos 11 millones de personas viven en situación irregular en el país, muchas de ellas latinoamericanos humildes.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) permite que millones de migrantes que entraron ilegalmente en el país paguen impuestos. La información sobre los contribuyentes como el lugar de residencia, sus ingresos y los datos familiares está estrictamente protegida por la legislación federal.
Pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llegó a un acuerdo con el IRS para obtener información sobre las personas a las que investiga o ya han recibido una orden para abandonar el país.
Según los documentos judiciales, el acuerdo se cerró el lunes.
ICE puede «solicitar legalmente información relativa a individuos bajo investigación criminal, y el IRS debe proporcionársela», se lee en los textos.
Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda en marzo contra el Departamento del Tesoro para bloquear la divulgación de información de los contribuyentes.
Nandan Joshi, un abogado de Public Citizen que representa a los grupos de defensa, estimó entonces que acceder a los nombres y direcciones de los contribuyentes viola «las leyes de privacidad».
«Será un desafío para el IRS confirmar identidades basándose únicamente en un nombre y una dirección, lo que podría resultar en muchos falsos positivos», advierten varios expertos en un blog publicado por The Tax Law Center.
Los abogados del Departamento de Justicia reconocieron un «error administrativo» en la expulsión a El Salvador de un migrante el 15 de marzo.
Se trata de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño de 29 años enviado junto a más de 200 personas, en su mayoría venezolanas, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) bajo la ley de enemigos extranjeros de 1798.
«Además del grave impacto en aquellos que podrían ser deportados injustamente, el acuerdo amenaza con violar los derechos que muchos más estadounidenses tienen bajo leyes de larga data que protegen su información fiscal de divulgación o difusión indebida», añaden los expertos en el blog.
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