La educación ha comenzado a aparecer en el temario electoral. Uno de los precandidatos para las elecciones de agosto ha presentado como propuesta el “voucher” educativo.
El voucher, o váucher educativo, es un anglicismo que puede entenderse como vale o cheque que los gobiernos otorgan a las familias por cada estudiante para que los utilicen en la escuela de su elección, ya sea pública o privada. La idea que lo sustenta es que, al fomentar la libre elección de escuela por parte de las familias y promover la competencia entre las instituciones educativas, en teoría, se activa un proceso de competencia que debiera llevar a una mejora de la calidad de la educación.
Las experiencias más cercanas a nuestro contexto son las de Colombia y, principalmente, Chile, de cuya extensa implementación y ajustes existen numerosos estudios y valoraciones con evidencia empírica (Aedo, C. y Sapelli, C. 2001; Fábrega, F. y otros 2013).
Entre los elementos positivos destacan, en primer lugar, un mayor margen para las familias de elegir escuelas que consideren más adecuadas para sus hijas/os; también el proceso de competencia e innovación que se activaría en las escuelas, tanto públicas como privadas, por captar la preferencia de las familias y, por tanto, mayor cantidad de vouchers y los recursos públicos que llegan con estos.
La lista de aspectos cuestionables que los estudios destacan es más larga: los vouchers exacerban la segregación escolar, ya que las familias con mayores recursos complementan el valor del voucher para acceder a escuelas de mayor costo, dejando a las familias de bajos ingresos con menos opciones; no hay consenso respecto a que los vouchers lleven efectivamente a una mejora generalizada de la calidad educativa, ya que la competencia por estudiantes no siempre se traduce en mejores resultados de aprendizaje; ligado a lo anterior, el riesgo de la mercantilización y la comercialización de la educación es alto, ya que la incorporación de actores privados con fines de lucro suele derivar en priorizaciones de la rentabilidad por encima de las necesidades educativas; los contextos vulnerables y de escasa población suelen ser poco atractivos para actores privados, lo que quita la competencia en la que se basa este modelo, dejando a estos segmentos en peores condiciones; factores logísticos y administrativos también suelen presentar dificultades como el desigual acceso a información sobre la cual las familias tomen las mejores opciones y la sostenibilidad financiera, en economías inestables como la nuestra, cuanto se aplica a gran escala; finalmente, en todos los casos estudiados, el debilitamiento de la educación pública, debido a la desviación de fondos públicos a escuelas privadas.
Detrás de los vouchers está la discusión fundamental en educación sobre la concepción de ésta como derecho o como servicio. Obviamente, el modelo se basa en la idea de que la mano invisible del mercado es la solución también para la mejora de la educación, entendida como un servicio e incluso un producto de consumo social. Por otro lado, está la visión de la educación como derecho fundamental en línea con lo que la Constitución Política del Estado establece; es decir como una obligación del Estado no solo de financiarla, sino de garantizarla.
Si bien la idea de la elección escolar puede ser atractiva, la evidencia sugiere que los sistemas basados principalmente en vouchers no garantizan necesariamente una mejora en la calidad educativa para todas/os y pueden exacerbar las desigualdades existentes. La educación es un bien público y un derecho fundamental con profundas implicaciones para el desarrollo individual y social, por lo que el enfoque de la educación como un derecho es más sólido y éticamente justificable.
Los vouchers educativos en contextos específicos, con un diseño cuidadoso y una regulación estricta, podrían ser herramientas complementarias para ampliar las opciones educativas para poblaciones específicas.
Esperemos encontrar propuestas electorales sobre educación que superen el simplismo de copiar fórmulas de realidades ajenas a la nuestra y la ingenuidad de proponer soluciones fáciles que muestran una limitada comprensión del contexto educativo del país y la complejidad de sus desafíos.
Luis Fernando Carrión Justiniano PH.D, es educador e investigador boliviano.
