El Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través de su vicepresidente, Francisco Vargas, anunció que en los próximos días presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con el objetivo de impugnar dos artículos de la Ley 1096, de Organizaciones Políticas.
Esta acción surgió ante las solicitudes de participación electoral presentadas por tres pueblos indígenas, que consideran que las disposiciones vigentes vulneran su derecho a ser parte del proceso electoral.
TSE
Se trata de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), la Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarios de Bolivia (CONNIOB) y el Consejo Nacional de Suyus Aymaras y Quechuas del Qullasuyo, Pueblos Indígenas Originarios (Consaq-Bolivia).
La sala plena del TSE ya aprobó la presentación del recurso, el cual busca que el TCP active una medida cautelar que suspenda temporalmente la aplicación de los artículos cuestionados mientras se resuelve su constitucionalidad.
“Hay trámites administrativos que buscan un registro electoral, en ese marco se ha planteado un recurso de inconstitucionalidad concreta”, explicó Vargas, quien aseguró que el recurso se entregará en el transcurso de la próxima semana.
TCP
Aclaró que esta acción no interfiere con el cronograma electoral y que esperan una pronta resolución, idealmente antes del periodo de registro de candidaturas. En caso de no obtener un fallo a tiempo, señaló que el “TSE hará un análisis de cada solicitud y va a responder de manera fundamentada a cada una de las tres solicitudes”.
Sin embargo, el vocal Tahuichi Tahuichi expresó su desacuerdo con la decisión de acudir al TCP. Consideró que, conforme al artículo 209 de la Constitución Política del Estado (CPE), la sala plena debería habilitar directamente la participación de los pueblos indígenas en las elecciones presidenciales, sin exigirles una sigla política.
El artículo 209 de la CPE establece que las candidaturas a cargos públicos electos —salvo los del Órgano Judicial y el TCP— deben ser promovidas por organizaciones indígenas, agrupaciones ciudadanas o partidos políticos, en igualdad de condiciones y conforme a la ley.
