El viceministro de Régimen Penitenciario, Jhonny Aguilera, reiteró este lunes que existen riesgos para la población civil sobre la aprehensión del expresidente Evo Morales.
“El riesgo es obviamente sobre la vida no solo de la autoridad policial que tendría que intervenir en el área (de Chapare), sino de quienes están brindándole protección. Sabemos que existen personas infiltradas al interior de estas movilizaciones que pretenden generar luto”, insistió la autoridad.
Morales está atrincherado en la región del Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, tras el anuncio de una investigación por un presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando él era jefe de Estado, en 2016.
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El líder cocalero es acusado por el delito de trata de personas con agravante y sobre él pesa una orden de aprehensión, luego que no se presentara a su audiencia de medidas cautelares.
Ante una posible intervención policial, seguidores de Morales instalaron puestos de vigilancia, controles de circulación, guardias armados con palos y trancas elaboradas con troncos en su defensa en la localidad de Lauca Ñ, región del Chapare.
Orden de aprehensión
Aguilera reiteró que el 17 de marzo fue derivada la orden de aprehensión al comandante de la Policía Boliviana, sin embargo, dijo que Inteligencia informó que existen riesgos para la población.
La autoridad descartó que el caso de Morales sea una guerra judicial; debido a que no se habla de hechos de corrupción, sino de acciones vinculadas “no solo a la actividad sexual” y al abuso de poder al “engendrar a un menor”.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, señaló el 6 marzo que el mandamiento de aprehensión c Morales sigue activa y que la ejecución está a cargo de la Policía Boliviana.
Dijo que el sistema del Ministerio Público registró el mandamiento de arraigo Morales y que ésta se encuentra también en las oficinas de Migración, dependiente del Ministerio de Gobierno.
