La Constitución amplía el concepto de participación ciudadana a una diversidad de asociaciones y estructuras colectivas de la sociedad.
La planificación territorial solo es legítima cuando nace de los problemas de la gente que eligió gobiernos autónomos buscando soluciones.
Bolivia requiere distinguir entre normas y decisiones administrativas. La mezcla indebida confunde a legisladores, juristas y la población.
Durante más de tres lustros, el Estado autonómico boliviano existió solo en el papel: el centralismo político impidió su ejercicio real.

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