Elecciones mutiladas

Este domingo, la democracia boliviana estrenará una modalidad inédita de votación popular: las elecciones mutiladas. Es vergonzoso. En 42 años de democratización, resulta muy crítico asistir a semejante “estado de cosas inconstitucional”. Más allá de que los comicios judiciales sean complejos y tengan escasa legitimidad, representan hoy la derrota de la política, la pereza de las instituciones y, lo más peligroso, el desgarro del sistema electoral en el país.

Las elecciones judiciales de 2024 llegan no solo cercenadas (se “elegirán” 19 de 26 altas autoridades), sino también con más de un año de rezago. Debieron realizarse en octubre de 2023, pero desde el principio operó el guion del consorcio político-judicial gobernante: primero frenarlas con recursos y dilaciones, luego postergarlas ad libitum y después hacer el favor de que se hagan, pero “parciales” (sic). Los autoprorrogados, en especial dos, saben para quién trabajan.

En rigor, el precepto constitucional de que las cabezas del Órgano Judicial y del TCP se elijan en las urnas —y no en cuoteo partidario— puede considerarse un avance de ampliación democrática (como lo fueron la elección directa de alcaldes, de diputados uninominales, de gobernadores). Pero falló su realización. El proceso se malogra en la preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa a gusto instrumental de la mayoría. Y ni hablemos de la inalcanzable difusión de méritos.

En esas condiciones, con candidatos que no se conocen y consignas de políticos residuales que pretenden enseñarnos e imponernos por quién votar o no votar, las elecciones judiciales tienen un serio problema de legitimidad de origen. Máxime si, como sucedió en 2011 y 2017, se impone la bandera del voto blanco o nulo. Está visto: cuando mañana despertemos, el dinosaurio de la crisis terminal del sistema de administración de (in)justicia todavía estará aquí.

Más allá del balance de estos comicios mutilados, queda una cuestión realmente grave. Que una sala constitucional, con plena impunidad, vulnere el principio de preclusión y pase por encima de la Constitución, la ley y resoluciones del TSE, deja al sistema y a la institucionalidad electoral en una penosa/extrema situación de fragilidad. Con este antecedente, dos magistrados autoprorrogados pueden decidir lo que sea en futuras elecciones ignorando la normativa y, peor, la voluntad popular.

Claro que hoy iré/iremos a votar, entre otras cosas porque es un derecho ciudadano. Pero las tareas siguen intactas: recuperar el Estado Constitucional de Derecho, blindar el sistema electoral, cuidar la democracia. De lo contrario, la historia, esa, nos absorberá.

FadoCracia encuestadora

1.           En la precoz encuesta del virrey celeste, se registra un empate técnico entre dos hombrecitos en las preferencias de intención de voto. Hay también un par de cadáveres políticos, aunque en rigor todos los (pre)candidatos son perdedores. A nivel nacional y en cinco departamentos, se impone el “No sabe”. 2. La encuesta “veraz”, con agenda personal, recibió adhesión y elogios de unos, rechazo y maldiciones de otros, empezando por los operadores mediáticos. No es para tanto. 3. Poco antes, una captura de conversación en redes apareció con grandes reflectores a título de “encuesta”. Hay doble amaño: en la elaboración de los datos y en su difusión. 4. Corren también otros estudios truchos con resultados inverosímiles. La especulación a distancia como una de las fieras artes. 5. Y hay encuestas por encargo que no son públicas, pero van circulando. 6. Si en 2020, siete días antes de la votación, una encuesta “de referencia” se equivocó/mintió en ¡28 puntos!, ¿se imaginan lo que nos venden a ocho meses de las elecciones? 7. La desafinada batalla por el dato, pacientes electorxs, recién empieza.

José Luis Exeni es politólogo.