El diputado disidente de Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca y el analista económico Armando Ortuño, criticaron la desinstitucionalización del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y proponen «amnistía» a partidos para garantizar la participación en las elecciones del 17 de agosto.
En entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón coincidieron en que Bolivia atraviesa una crisis “dantesca”, donde la eliminación de candidaturas se ha convertido en una estrategia política que amenaza los principios democráticos.
“El mecanismo electoral es el que dirime quién entra al gobierno y quién puede empezar a solucionar esos problemas. En la historia boliviana ha sido un mecanismo que lo hemos creado y es el que nos ha permitido salir de un montón de crisis.”, afirmó Ortuño.
Roca, por su parte, denunció que el Movimiento Al Socialismo (MAS) “diseñó” esta fragilidad institucional para mantenerse en el poder y controlar a su favor el Órgano Electoral y el Judicial. “Certeza, se necesita un sistema político, que las reglas sean claras, certeza en las reglas, certidumbre en las reglas, incertidumbre en los resultados. Y lo importante que cualquiera puede ser elegido”, dijo.
“A ver, ¿a quién representan? El jefe del Partido Demócrata Cristiano (PDC), José Castro Peñaranda; el jefe de Acción Democrática Nacionalista (ADN, Freddy Terrazas Salas; el jefe de Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), Abdías Cárdenas Pereira; el jefe de Frente Para la Victoria (FPV) Eliseo Rodríguez. ¿Acaso representan a las fuerzas políticas? No representan más que a su sigla, a su taxi partido y al interés pecuniario con el que trafican estas siglas”, criticó.
Ambos coinciden en que el TSE perdió credibilidad por su actuación “errática”. Para Ortuño el problema no viene del diseño institucional del ente electoral, sino en el “manoseo político”. Roca secundó que el diseño no podría estar mal, pero los vocales “no tienen credibilidad y además la desprolijidad con que han actuado, porque han actuado de manera discrecional, perdonándole la vida a uno, a otro, a este sí, a este no”.
La situación actual, con denuncias de irregularidades contra casi todas las organizaciones políticas —salvo el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y Nueva Generación Patriótica (NGP)—, ha llevado a lo que Roca calificó como “un paredón generalizado”.
El riesgo, alertó Ortuño, es que se legitime un sistema donde los ciudadanos ya no puedan elegir libremente. “Los bolivianos deberíamos tener el derecho de decirse, pues decir, tal señor me gusta y no me gusta. Y eso debería ser una garantía para en cualquier proceso, en cualquier democracia”.
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Amnistía
Frente a este panorama, Roca propuso una salida urgente: suspender temporalmente el artículo 58 de la Ley de Organizaciones Políticas, que regula la cancelación de personerías jurídicas. “Traduciendo: ya, no muere ninguna sigla, amnistía. Un ‘perdonazo’. Porque seamos francos, todas las siglas debieron haber sido eliminadas”, planteó.
Según el artículo 58 de la Ley 1096, el Órgano Electoral puede cancelar la personalidad jurídica de un partido político o agrupación ciudadana si incurre en faltas como: no participar en dos elecciones consecutivas, obtener menos del 3% de votos en una elección, no presentar sus estados financieros en tres gestiones, incumplir resoluciones del TSE o de tribunales departamentales, no atender denuncias internas, incurrir en actos de racismo, sedición o golpes de Estado, no actualizar su registro de militantes, o vulnerar normas sobre financiamiento y rendición de cuentas. En algunos casos, el TSE aplicará sanciones graduales según la gravedad de la infracción.
La medida, según explicó Roca, beneficiaría a todos los sectores, incluso a aquellos con los que discrepa profundamente. “Yo detesto el socialismo, pero incluso el MAS tiene derecho a presentar candidatos. Será el pueblo el que decida si les da su voto o no”, dijo. Y añadió: “Lo que el oficialismo quiere evitar es que existan opciones como Eva Copa o Andrónico Rodríguez que puedan representar al ala evista. No se trata de democracia, se trata de control”.
Ortuño respaldó la necesidad de encontrar un mecanismo que devuelva certidumbre al proceso: “Si no te da un sistema electoral o un sistema político las condiciones para que el que quiera pueda ser electo o pueda optar a un cargo y que todos podamos elegir libremente desde todas nuestras posiciones, es un sistema con grandes defectos”, advirtió.




















































































