Con el objetivo de salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Gobierno presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa en el que propone dos técnicas de investigación para luchar contra el financiamiento al terrorismo y la legitimación de ganancias ilícitas.
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicaron que el proyecto consiste en la implementación de agentes encubiertos y un mayor seguimiento a las remeses.
“Solicita la modificación de técnicas de investigación en el código de procedimiento penal consistentes en dos tareas fundamentales: la primera de ellas, es el agente encubierto, que está referida a la intervención de agentes de Policía, especializados, provistos de una identidad falsa (…) y las entregas vigiladas, que tiene por finalidad hacer el seguimiento de una remesa ilícita”, afirmó Saravia.
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Ley
Respecto a los agentes encubiertos, la ministra explicó que la medida permitirá recolectar mayor información sobre el delito que se esté investigando. Respecto al seguimiento de las remesas, se espera que éstas no se intercepten hasta que lleguen a su destino y así identificar a los responsables del ilícito.
“Estas dos técnicas de investigación se está ampliando para que en los delitos de financiamiento del terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas se puedan establecer a través de la investigación”, indicó Saravia.
En criterio de la ministra, estas dos técnicas de investigación son necesarias, pues el financiamiento al terrorismo y la legitimación de ganancias ilícitas están relacionados con el delito de trata y tráfico, empresas fachadas, cuentas que están en el exterior y “estructuras clandestinas”.
Montenegro advirtió a los asambleístas que, en caso de no aprobar el proyecto de ley, Bolivia podría pasar a otras instancias, como las listas negras del GAFI. En criterio del ministro, no se debe minimizar la situación, pues son “exigencias explícitas” del organismo internacional que deben ser cumplidas.
“Se va a poder agilizar las investigaciones (…), evitar perder el rastro de los verdaderos responsables, va a ayudar a infiltrarse en redes criminales a partir de las cuales se pueda establecer las transacciones que van a realizar, va a rastrear flujos financieros ilícitos, identificar beneficiarios finales, logrando como fin máximo desmantelar las organizaciones que están dedicadas a este tipo de actividades ilícitas”, enumeró los beneficios la ministra de Justicia.
De acuerdo con Montenegro, el país tiene un plazo de dos años para cumplir con las observaciones del GAFI.
