Thomas Becker, abogado estadounidense y activista de derechos humanos, señaló este lunes que Arturo Murillo, exministro de Gobierno y hombre fuerte de Jeanine Áñez, tiene pocas posibilidades de obtener asilo político en Estados Unidos, debido a su condena por delitos de corrupción.
“Para que alguien obtenga asilo, debe demostrar que su vida corre peligro si regresa a su país, que será perseguido o torturado. En el caso de Murillo, lo veo complicado porque es considerado un criminal por nuestro sistema judicial”, indicó Becker a radio Exito.
Explicó que, aunque cualquier persona puede solicitar asilo en Estados Unidos, quienes enfrentan condenas por delitos graves, como el lavado de dinero, difícilmente reciben esa protección de ese país.
“Una persona que comete delitos de alto nivel no recibe asilo, por el contrario, puede ser deportada”, afirmó.
Murillo fue liberado el viernes de una cárcel federal en Estados Unidos y trasladado a un centro de migrantes en Florida. Fue condenado el 4 de enero de 2023 a 70 meses de prisión por conspiración para lavar sobornos, en el marco de un caso de corrupción relacionado con la adquisición de material antidisturbios, que involucró a una empresa estadounidense.
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Según documentos judiciales, Murillo recibió al menos $us 532.000 en sobornos de una empresa con sede en Florida a cambio de ayudarla a obtener un contrato de $us 5,6 millones para suministrar gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa.
El exministro fue liberado el viernes de una cárcel federal y trasladado al centro migratorio Krome North en Miami.
Según Becker, él no está libre ni puede circular por las calles, ya que permanece bajo custodia.
Respecto a su reducción de pena, Becker indicó no tener certeza si se benefició por su buena conducta, aunque señaló que en 2023 el gobierno de Estados Unidos promulgó una ley que permite reducciones a quienes cumplen su primera condena.
Sobre su futuro legal, el activista indicó que el Gobierno boliviano solicitó la extradición de Murillo y para que haya una deportación “esa decisión pasa por la justicia y el gobierno de Estados Unidos”.
“La deportación es una decisión de jueces y del Gobierno. Lo más probable es que lo vayan a deportar y no extraditar. Pero el Gobierno de Bolivia que mandó ese exhorto suplicatorio tiene que estar en contacto con el gobierno de Estados Unidos con la extradición”, dijo.
Advirtió, sin embargo, que se debe estar alerta porque durante el gobierno de Donald Trump, muchos migrantes fueron enviados a terceros países.
“Si lo suben a un avión y hace escala en El Salvador, Panamá o Bogotá, puede escapar. Bolivia debe coordinar con Estados Unidos para asegurar su llegada”, aseveró.
El procurador general del Estado, Ricardo Condori, indicó que la deportación de Murillo dependerá es una “decisión política” del Gobierno de Estados Unidos.
“Considerando los antecedentes, si no existe una solicitud de asilo, ningún obstáculo legal ni alguna observación, en un máximo de dos semanas Murillo ya debería pisar suelo boliviano”, declaró Condori.
