La Defensoría del Pueblo volvió a alertar sobre el riesgo de impunidad en los procesos judiciales por las masacres de Sacaba, Cochabamba, y Senkata, El Alto, ocurridas en 2019.
El pronunciamiento se conoció después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos en América del Sur expresaran su preocupación por recientes fallos judiciales.
En agosto y septiembre, tribunales de El Alto y Sacaba anularon procesos contra la expresidenta Jeanine Áñez y exjefes militares y policiales, acusados de la represión que dejó 10 muertos en Sacaba la violenta jornada del 15 de noviembre del 2019 y la misma cantidad de decesos en Senkata, el 19 de ese mes. Se anularon los obrados en la jurisdicción ordinaria y se remitieron a un juicio de responsabilidades.
Defensoría del Pueblo
Entonces, los uniformados actuaron bajo el amparo del Decreto Supremo 4078, que los eximía de responsabilidad penal por el posible uso excesivo de la fuerza en las protestas poselectorales.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, recordó que la institución defensorial ya advirtió sobre el impacto de estas anulaciones en el derecho de las víctimas a acceder a la justicia. “Hacemos eco del pronunciamiento de la CIDH y la ONU y reiteramos nuestra preocupación por el riesgo de impunidad”, señaló en redes sociales.
La Defensoría consideró que las decisiones judiciales generan revictimización y vulneran la garantía de una justicia pronta, imparcial y oportuna para los familiares afectados.
Tanto la CIDH como la ONU subrayaron que estas anulaciones constituyen un “retroceso” en la obligación del Estado boliviano de investigar, sancionar y reparar los hechos.
Masacres
Ambos organismos recordaron que el Estado debe cumplir con las 36 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) y de Naciones Unidas.
Dichas recomendaciones exigían investigaciones exhaustivas y efectivas sobre las muertes y lesiones ocurridas durante los operativos militares y policiales en noviembre de 2019.
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El comunicado conjunto de la CIDH y la ONU también advierte que estas resoluciones afectan la credibilidad del sistema judicial boliviano.
Según ambos organismos internacionales, la anulación de expedientes contradice compromisos internacionales asumidos por Bolivia en materia de derechos humanos.
CIDH
La Defensoría insistió en que el Estado tiene la obligación de garantizar justicia para las víctimas y evitar cualquier forma de impunidad.
En este sentido, Callisaya recalcó que no basta con discursos. Sino con acciones firmes para respetar la memoria y los derechos de quienes sufrieron la violencia.
El organismo defensor exhortó a las autoridades judiciales a actuar en el marco de la independencia, la imparcialidad y la protección de las víctimas.
De esta manera, la Defensoría reforzó la advertencia internacional de que los recientes fallos podrían consolidar un escenario de impunidad contra los responsables de las masacres.
