La Defensoría del Pueblo resaltó este lunes los avances alcanzados en la defensa de la Madre Tierra y de los derechos colectivos mediante la activación de acciones jurídicas estratégicas que, en los últimos años, sentaron precedentes históricos en la justicia boliviana.
“Estas decisiones judiciales demuestran que la defensa del medioambiente y de la Madre Tierra no es un discurso, sino una acción concreta. El litigio estratégico es hoy una herramienta para transformar realidades y garantizar que las generaciones futuras puedan vivir en un país sostenible”, afirmó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
Litigios
Entre los hitos mencionados figura la Acción Popular Río Beni (julio 2023), en la que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no solo anuló una autorización minera por falta de consulta previa al Pueblo Mosetén, sino que reconoció por primera vez a un río como sujeto de derechos.
En octubre de 2023, otra acción popular obligó a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) a garantizar la calidad y potabilidad del agua en La Paz, priorizando el derecho humano al agua.
Posteriormente, en julio de 2024, se suspendió el tratamiento legislativo de 19 contratos mineros hasta cumplir con los procesos de consulta previa e informada.
Defensoría
En enero de 2025, un amparo restituyó a un guardaparque despedido por denunciar minería ilegal y tráfico de fauna, estableciendo un precedente en la protección de defensores ambientales. Ese mismo año, en marzo, el Tribunal Agroambiental dispuso una “pausa ecológica” y políticas de tolerancia cero al tráfico de fauna tras una acción cautelar promovida por la Defensoría para proteger al jaguar y su hábitat.
La institución también obtuvo fallos a favor de medidas contra incendios forestales que obligan a gobernaciones y municipios a implementar planes de mitigación y sofocación en la Amazonía, la Chiquitanía y el Chaco. Asimismo, en julio de 2025, se dispuso la suspensión del tratamiento legislativo de contratos de explotación de litio hasta contar con estudios hidrogeológicos y procesos de consulta previa.
Asimismo, en septiembre de 2025, una acción popular en Viacha garantizó los derechos al agua, a la salud, a la vida y a un medioambiente sano para la población local ante las denuncias por contaminación minera.
La Defensoría subrayó que estos logros reafirman la necesidad de consolidar una jurisprudencia que coloque a la Madre Tierra en el centro de la protección constitucional y que asegure un equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad.
