La expresidenta Jeanine Áñez afirmó que fue “juzgada sin contemplaciones y condenada sin garantías del debido proceso”, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitiera, por unanimidad, la revisión su sentencia.
La pena que ahora cumple la exmandataria es de 10 años de prisión por el caso Golpe de Estado II.
El Auto Supremo de Admisión 180/2025, emitido el 1 de octubre, instruye al Tribunal de Sentencia Anticorrupción de La Paz remitir los originales del proceso en un plazo de tres días, antes de que el TSJ se pronuncie sobre el fondo del recurso.
El máximo tribunal consideró que la defensa de Áñez presentó “prueba relevante que demuestra los argumentos del recurso” y cumplió los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, razón por la cual se declaró admisible la revisión del fallo.
Jeanine Áñez
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la exmandataria valoró la decisión del tribunal y sostuvo que esta reconoce las irregularidades cometidas durante su proceso judicial. “Fui condenada por asumir la Presidencia de Bolivia con responsabilidad histórica”, señaló.
Áñez acusó al expresidente Evo Morales, al mandatario Luis Arce y al exministro de Justicia Iván Lima de haber instruido su condena, junto con fiscales y jueces afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Fue la patraña más cruel, ruin y cobarde contra quien tuvo la valentía de cumplir la Constitución y pacificar el país”, escribió.
Asimismo, recordó que no buscó asumir la Presidencia, sino que lo hizo por sucesión constitucional tras la renuncia y salida de Morales en 2019. “Soy una presa política desde hace 1.165 días. Soy inocente y estoy privada de libertad, mientras los verdaderos responsables de los hechos punibles siguen libres e impunes”, agregó.
Recurso
La admisión del recurso marca un nuevo capítulo en el caso Golpe II, proceso que continúa siendo uno de los más controvertidos de los últimos años por sus implicaciones políticas y judiciales.
En este caso, la exmandataria fue acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, en un proceso que sus abogados consideran viciado y político.
El primer recurso de revisión, presentado meses atrás, fue declarado inadmisible, aunque buscaba que el TSJ reconozca la incompetencia de la justicia ordinaria para procesar a una expresidenta, en coherencia con los fallos sobre los casos Sacaba y Senkata, donde se determinó que las altas autoridades deben ser juzgadas mediante juicio de responsabilidades.
La defensa confía en que el nuevo planteamiento será considerado por el máximo tribunal y que el proceso derive en la absolución o la anulación definitiva de la sentencia.
Si el TSJ declara procedente el recurso, se abriría la posibilidad de revisar íntegramente el fallo que mantiene a Áñez recluida desde marzo de 2021 en el penal de Miraflores, en La Paz.
Denuncia
Según la acusación en este caso, Áñez usurpó funciones y vulneró la Constitución Política del Estado (CPE) al asumir el mando sin la sucesión legal correspondiente, por lo que se le atribuye los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes. Su defensa, en cambio, alega que la transición fue constitucional y forzada por el vacío de poder, y denuncia que el caso tiene motivaciones políticas.
Durante los conflictos poselectorales de 2019, el entonces presidente Evo Morales renunció al cargo la tarde del 10 de noviembre. Lo hizo en medio de una fuerte convulsión social y política por la denuncia de un supuesto fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre.
Dos días después, el 12, la entonces senadora Áñez y segunda vicepresidenta de dicho órgano asumió, primero, la titularidad de la Cámara Alta y, luego, la Presidencia del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum reglamentario ni la presencia mayoritaria de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), que ostentaba la mayoría parlamentaria.
