Ante el anuncio de bloqueos de carreteras y marchas en distintos puntos del país, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público activó un plan preventivo de acción, con el objetivo de garantizar el orden público y proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Precisó que las tareas preventivas corresponden netamente a la Policía Boliviana; sin embargo, aseguró que el Ministerio Público permanecerá en alerta ante cualquier hecho que deba ser investigado, tanto por la Fiscalía General como por las fiscalías departamentales.
“La gente tiene todo el derecho de reclamar y marchar; incluso he escuchado de huelgas de hambre. Todos esos derechos están reconocidos en la Constitución y es importante respetarlos. Más allá de eso, no se pueden transgredir los derechos de otras personas que quieren trabajar y producir para Bolivia”, señaló Mariaca en declaraciones a radio Fides.
Sectores sociales a la cabeza de la Central Obrera Boliviana (COB) anunciaron medidas de presión desde el lunes si el Gobierno no deroga el Decreto Supremo 5503 que elimina la subvención de los combustibles.
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El miércoles, el presidente Rodrigo Paz declaró “Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social” en todo el territorio nacional, en respuesta al proceso inflacionario, la escasez de divisas y los problemas recurrentes en el abastecimiento de combustibles.
Como parte de esa decisión, anunció el fin de la subvención a los hidrocarburos y el “sinceramiento” de los precios de los carburantes. La medida implica un incremento del litro de gasolina especial de Bs 3,74 a Bs 6,96 y del diésel de Bs 3,72 a Bs 9,80, lo que generó un fuerte impacto y rechazo en distintos sectores de la población.
El viernes, el Mandatario defendió la vigencia del Decreto Supremo 5503 y aseguró que no será modificado. Lo calificó como una base para ordenar la economía y hablar “con la verdad” frente a la crisis que atraviesa el país.
El Fiscal General informó además que más de 700 fiscales a nivel nacional se encuentran cumpliendo funciones de manera permanente, trabajando las 24 horas y atentos a cualquier hecho que requiera intervención del Ministerio Público.
