El Senado de Argentina comienza este miércoles el debate de una reforma laboral impulsada por el gobierno del ultraliberal Javier Milei, en un escenario de fuerte conflictividad con la convocatoria a una movilización de la principal central obrera.
El proyecto, para cuyos medios de sanción el gobierno confía en tener los apoyos suficientes, flexibiliza los contratos laborales, reduce las indemnizaciones, facilita el despido, limita el derecho a huelga y permite pagos en especie además de fraccionamiento de vacaciones, entre otras reformas que la Confederación General del Trabajo (CGT) considera «regresivas».
El gobierno argumenta que estos puntos, más la reducción de cargas sociales para el empleador, son estímulos para la formalización en un mercado laboral con 40% de trabajadores en la informalidad. Los cambios permitirán también reducir los costos por litigiosidad laboral.
Por su lado la oposición y los sindicatos cuestionan que no hay creación de empleos. Porque la economía muestra signos de estancamiento, caída del consumo y de la producción industrial.
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Reforma laboral
«El verdadero problema es la destrucción de empresas por la apertura indiscriminada de importaciones», dijo Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentina al dar cuenta que en los últimos dos años cerraron 18.000 empresas.
La pequeña industria, principales empleadores, reclama al gobierno que la reforma laboral sea acompañada de incentivos a la inversión fabril.
El gobierno negoció a contrarreloj una treintena de modificaciones al proyecto original para asegurar su pronto pase a Diputados. El objetivo es lograr que la reforma sea ley antes del 1 de marzo cuando Milei abra el período de sesiones ordinarias del Congreso.
«Hoy se aprueba, es la ley posible, que va a dejar conforme a los empresarios y bastante conforme a los trabajadores. Los cambios de última hora que se hicieron en negociaciones hasta la medianoche se van a conocer en el debate». Eso dijo la senadora por Santa Fe Carolina Losada, aliada del gobierno.
Entre los sindicatos hay desacuerdos. Los gremios más combativos, como el poderoso sindicato de Aceiteros, consideraron tibia la reacción de la CGT y reclaman ir a la huelga.
Desde que asumió Milei en diciembre de 2023, su política aperturista de la economía y de achicamiento del Estado produjo la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo formal. Lo que impactó con fuerza en la construcción, la industria y las economías regionales.
