La Defensoría del Pueblo expresó preocupación por la aprehensión de la exdirectora del Fondo Indígena Elvira Parra, y advirtió deposibles vulneraciones al debido proceso en los casos que enfrenta.
La Policía aprehendió a Parra en el marco de la investigación por presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Las acusaciones están relacionadas con proyectos de producción de miel que se ejecutaron en 13 comunidades del Trópico de Cochabamba durante su gestión al frente del Fondo Indígena.
Defensoría
La Defensoría recordó que el 30 de enero de 2026 emitió la Resolución Defensorial DP/SSP/RD/2026/01, en la que identificó graves demoras en los procesos penales abiertos contra la exautoridad.
Según la investigación defensorial, al menos 25 de los 55 procesos iniciados contra Parra presentan irregularidades vinculadas al incumplimiento del plazo razonable y a la falta de garantías del debido proceso.
El informe señala que 23 causas permanecían abiertas durante más de 10 años, mientras que otros dos expedientes superaban los cinco años de duración.
Asimismo, la institución aseguró que 16 procesos continuaban en etapa preparatoria y dos en fase preliminar, lo que evidencia una prolongada dilación judicial.
Elvira Parra
La Defensoría consideró que esta situación genera incertidumbre jurídica para la investigada y otros implicados, debido a la posibilidad permanente de medidas restrictivas de libertad.
El pronunciamiento también recuerda que Parra habría enfrentado aproximadamente ocho años de detención preventiva en algunos de los procesos relacionados con el caso del Fondo Indígena.
La resolución defensorial fue notificada al Ministerio Público, que mediante un informe emitido el 25 de febrero reconoció la existencia de retrasos significativos en la tramitación de las causas.
Según la Fiscalía, la permanencia de los procesos en etapas preliminares durante casi una década supera cualquier parámetro razonable dentro de un proceso penal.
Procesos
La Defensoría también observó la existencia de procesos paralelos en diferentes jurisdicciones, lo que podría afectar el derecho a la defensa de la imputada.
Además, citó jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que exige a los Estados tramitar con mayor diligencia los procesos penales cuando las personas imputadas se encuentran privadas de libertad.
Finalmente, la Defensoría solicitó al Ministerio Público revisar los antecedentes del caso y garantizar que Parra sea tratada con pleno respeto a sus derechos y garantías judiciales.
