Tras un poco más de cinco meses del inicio de la actual gestión, la Asamblea Legislativa no logra consolidar un funcionamiento institucional estable.
Las sesiones fallidas, la falta de quórum, las interpelaciones truncas y la creciente fragmentación de las bancadas configuran un escenario de debilidad estructural que pone en entredicho su capacidad de legislar y fiscalizar al Órgano Ejecutivo, una de sus principales funciones y competencias.
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El episodio más reciente —la fallida interpelación al ministro de Economía del viernes— expuso con claridad esta crisis. La convocatoria impulsada por la Vicepresidencia derivó en una sesión sin quórum suficiente, pese a tratarse de un acto de control político relevante. La ausencia de senadores y la falta de coordinación entre instancias legislativas dejaron en evidencia un problema que va más allá de un hecho específico.
Desde la Cámara de Senadores se cuestionó formalmente la decisión de convocar a la sesión. En un pronunciamiento, se pidió al vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, Edmand Lara, mayor coordinación, recordando que existían razones previamente comunicadas para reprogramar la interpelación, entre ellas la ausencia del ministro Gabriel Espinoza —en misión oficial en el exterior—, actividades legislativas en curso y procesos electorales en marcha en varias regiones.
La crítica institucional refleja una tensión creciente entre las cabezas del Legislativo. No se trata solo de diferencias políticas, sino de una ruptura en los mecanismos básicos de coordinación que deberían garantizar el funcionamiento del primer órgano.
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En ese contexto, la diputada Sandra Rivero, del Partido Democrático Cristiano (PDC), cuestionó la falta de quórum y la conducta de los legisladores ausentes. “No hay ninguna justificación por la falta de quórum”, afirmó. Remarcó que la responsabilidad parlamentaria no puede ser relativizada por agendas personales o políticas.
Rivero fue más allá al interpretar lo ocurrido como una acción deliberada. “Yo lo interpreto como un sabotaje”, sostuvo, en referencia a la reiteración de episodios en los que interpelaciones o sesiones importantes no logran concretarse por ausencia de legisladores o falta de respaldo político.
La denuncia no es menor. En un sistema donde la interpelación es uno de los principales instrumentos de control al Ejecutivo, su bloqueo sistemático debilita el equilibrio de poderes y reduce la capacidad de fiscalización del Legislativo.
La diputada también cuestionó la falta de sanciones efectivas frente a este tipo de conductas. “Tiene que haber una sanción fuerte y dura”, señaló y dijo que la ausencia injustificada de legisladores refleja “una clara irresponsabilidad” frente a la población.
Pero la crisis no se limita al funcionamiento interno de la Asamblea. También se vincula con la relación con el Ejecutivo y la gestión de políticas públicas importantes. Uno de los ejemplos más evidentes es la falta de un Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 aprobado en tiempo oportuno.
“Nosotros estamos a cinco meses sin tener un presupuesto, avanzando a ciegas”, advirtió Rivero y comparó la situación con una economía familiar que opera sin planificación. De acuerdo con la legisladora, la falta de este instrumento afecta la ejecución estatal y la capacidad de control legislativo sobre el gasto público.
La crítica se extiende al gabinete. Según la diputada, el ministro de Economía incumplió reiteradamente los plazos para la presentación del PGE, lo cual agrava la incertidumbre. “Con esta calidad de ministros, realmente se pone en riesgo toda una gestión”, afirmó.
Además, denunció prácticas legislativas que afectan la calidad del debate. “Nos han dado esa ley una hora antes de la sesión”, sostuvo, en referencia a normas aprobadas sin el debido análisis. Este tipo de situaciones, según explicó, deriva en votaciones sin pleno conocimiento del contenido de las leyes.
En paralelo, desde la oposición también se cuestiona la conducción de la Asamblea. El diputado Rafael López, de la alianza Libre, apuntó contra Lara por la convocatoria a una sesión que, en su criterio, ya estaba destinada al fracaso.
“El señor Lara sabía que el ministro no está en el país”, sostuvo y recordó que existían solicitudes formales para reprogramar la interpelación. Para López, la decisión respondió a una lógica de imposición y “capricho’ más que de coordinación institucional.
El legislador calificó la convocatoria como un “despropósito” y cuestionó el gasto público que implicó movilizar a parlamentarios sin resultados. “Generando gastos para el Estado, los vuelos, los pasajes en avión”, afirmó.
La crítica también apunta a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. “Es una coordinación que no existe”, señaló López, quien describió la situación como “un matrimonio fallido”, en referencia a la falta de entendimiento entre ambas instancias, tras el quiebre en la relación entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Lara. Este último se dedicó a criticar a los ministros colocados por el mandatario y no dudó en acusar supuestos hechos de corrupción.
Más allá de las acusaciones por parte de la cabeza del Legislativo, la Asamblea enfrenta dificultades operativas, fragmentación, falta de liderazgo y la ausencia de coordinación que configuran un escenario donde la institucionalidad no logra asentarse con firmeza.
Analistas ven fragmentación e incertidumbre
La fragmentación que genera incertidumbre, es el principal problema en la actual Asamblea Legislativa, en criterio de dos analistas.
En entrevista con La Razón, el analista político Carlos Saavedra dijo hace poco que el órgano legislativo presenta una gran fragmentación, ya que, pese a la existencia formal de cinco bancadas —Libre, Unidad Nacional, Partido Demócrata Cristiano (PDC), Súmate y Alianza Popular—, en la práctica existirían al menos nueve o 10 corrientes internas con posiciones totalmente independientes.
Saavedra consideró que la interna en la Asamblea Legislativa dificulta la articulación de consensos y no se han terminado de conformar bloques de poder.
La analista política Erika Brockmann relievó, en Piedra, Papel y Tinta de La Razón, que el Legislativo haya retomado la figura de las interpelaciones; sin embargo, observó la fragmentación de bancadas.
Para Brockmann urge construir una mayoría absoluta que otorgue certidumbre en la aprobación de leyes y designaciones, aunque los dos tercios sigan siendo difíciles de alcanzar. Consideró positivo que la oposición participe en la conformación de directorios y decisiones estratégicas.
La exparlamentaria también destacó que este proceso puede ser una oportunidad para recomponer la política y fortalecer la institucionalidad, en un momento en que la fragmentación legislativa y la ausencia de partidos sólidos generan incertidumbre. A su juicio, la interpelación debería servir para perfilar acuerdos más amplios y sostenibles que permitan dar estabilidad al Parlamento.
El otro problema es el crecimiento cuestionamiento que enfrenta el vicepresidente Edmand Lara, a quien muchos señalan por su falta de liderazgo al frente en Legislativo.
Incluso, en algunas sesiones los diputados y senadores se refirieron a Lara como un “dictador” y cuestionaron el rol que asume el presidente nato de la Asamblea Legislativa. Éste, por su parte, aseguró que únicamente cumple con lo que establece la Constitución y con los reglamentos de ambas cámaras.
De acuerdo con los asambleístas, en un escenario complicado, el rol del presidente de la Asamblea debería ser el de articulador. Sin embargo, la falta de respaldo evidencia que ese liderazgo aún no se consolida, lo que genera mayor incertidumbre en una Asamblea Legislativa que no está cumpliendo a cabalidad su rol en la política.
