La Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran) exigió al Gobierno la liberación inmediata de las carreteras bloqueadas en el país y demandó la implementación de medidas de apoyo para el sector.
Entre ellas el diferimiento de créditos bancarios, la condonación de intereses, la postergación de obligaciones tributarias, la ampliación de la vigencia de seguros y la suspensión temporal del cobro de peajes una vez que se normalice la circulación en las carreteras.
La entidad advirtió sobre el grave impacto económico y social que enfrenta el sector tras más de 30 días de interrupción del tránsito.
A través de un comunicado público dirigido a la opinión pública y a las autoridades nacionales, la organización señaló que más de 7.000 camiones permanecen retenidos en diferentes rutas del país, situación que, según denuncia, mantiene a los transportistas en condiciones críticas y genera millonarias pérdidas económicas.
El sector sostuvo que, pese a la instalación de mesas de diálogo para buscar una solución al conflicto, no se han alcanzado acuerdos debido a las posiciones contrapuestas de los actores involucrados y a la falta de consensos que permitan restablecer la normalidad en las carreteras.
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Transporte
Cadetran alertó que la prolongación de los bloqueos pone en riesgo la estabilidad económica de cientos de empresas y transportistas que enfrentan obligaciones financieras con entidades bancarias, proveedores, trabajadores y el Estado, sin posibilidad de cumplir con sus compromisos debido a la paralización de sus actividades.
Asimismo, la organización expresó preocupación por el estado de salud de los conductores que permanecen varados en los puntos de bloqueo y aseguró que muchos de ellos enfrentan dificultades para acceder a alimentos, recursos económicos y condiciones adecuadas para permanecer durante un periodo prolongado.
Por ello, exigió al Gobierno que, en un plazo máximo de 48 horas, adopte las acciones necesarias para garantizar el libre tránsito en las carreteras del país, argumentando que esta obligación se encuentra establecida en la Constitución Política del Estado.
Finalmente, el transporte pesado se declaró en estado de emergencia y anunció que analiza la posibilidad de iniciar acciones legales en defensa de los derechos de sus afiliados, ante lo que considera una vulneración de sus derechos fundamentales como consecuencia de los bloqueos.
