El presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Manuel Baptista, informó que esta instancia fiscalizadora del Órgano Judicial determinó intervenir el Sistema Nacional de Registro Público de Derechos Reales (SINAREP) para regular su manejo desde la Unidad Nacional y así controlar los accesos en cada departamental.
“A través de la Dirección Nacional de la Unidad de Sistemas Informáticos se establecerá un control sobre los sistemas informáticos de cada departamento del país, evitando así que algunos funcionarios cometan abusos o vulneren el sistema. Hoy se realizó una pausa en el SINAREP y continuaremos con las tareas de fiscalización”, afirmó Baptista.
También, señaló que la Sala Plena determinó solicitar a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) apoyo en la revisión y control de los sistemas informáticos, sin que ello implique interferencia o manipulación de los mismos.
“Nuestro objetivo es identificar posibles vulnerabilidades en nuestros sistemas para reforzarlos, sin que esto signifique una intromisión en los datos que resguardamos”, indico.
Lea más: El Consejo de la Magistratura inspecciona oficinas de Derechos Reales en La Paz y El Alto
Además, el Consejo de la Magistratura decidió la cesación de funcionarios de libre nombramiento que hayan sido identificados como involucrados en hechos de corrupción.
Los casos recientes de corrupción en Derechos Reales, detectados en Beni y Santa Cruz generaron un daño económico al Estado que motivó una serie de acciones legales y administrativas contra los funcionarios investigados.
Las investigaciones en Santa Cruz revelaron presuntos delitos de manipulación informática y enriquecimiento ilícito, con un daño económico estimado en Bs 2 millones de bolivianos. En Beni, el desfalco asciende a Bs 6 millones.
En respuesta a estos hechos, el Consejo de la Magistratura determinó la destitución de funcionarios de libre nombramiento implicados en los hechos de corrupción.
El inicio de procesos sumarios contra registradores y subregistradores de Derechos Reales para aplicar las sanciones correspondientes. La solicitud de anotación preventiva de bienes, con el objetivo de recuperar los fondos afectados.
