La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados tratará este martes el proyecto de ley de debate electoral público y obligatorio para los candidatos en el marco de las elecciones generales de 2025.
La presidenta de la Comisión de Constitución, Olivia Guachalla (MAS), informó que el tratamiento de este proyecto responde al acuerdo suscrito en el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia.
“El proyecto fue derivado con informe del comité correspondiente y está en agenda para tratamiento esta semana”, explicó Guachalla.
En noviembre de 2024, el TSE remitió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para que el debate electoral sea público y obligatorio en los futuros procesos electorales.
Este proyecto busca modificar la Ley del Régimen Electoral (Ley 026) para que se instituya el debate electoral público y obligatorio de los candidatos a presidente, vicepresidente, gobernadores, ejecutivo regional y alcaldes.
La iniciativa propone que los debates deban celebrarse dentro los 15 días anteriores y hasta los cinco días previos a la fecha de la elección, además establece que sean públicos y obligatorios para todos los asistentes.
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En caso de una segunda vuelta, los candidatos habilitados también deberán participar en un nuevo debate dentro de los 10 días anteriores a la fecha de la elección.
Asimismo, la legisladora destacó la importancia del respeto a los acuerdos políticos alcanzados en favor de la democracia.
“Entonces, estamos garantizando el proceso electoral, porque de ninguna forma los diputados o senadores estamos con la intención de prorrogar un día nuestro mandato”, subrayó.
Además de ese proyecto, Guachalla informó que aún quedan pendientes de tratamiento en comisiones otras dos propuestas relacionadas con las elecciones.
La primera, modifica la Ley 044, incorporando a los vocales del Tribunal Supremo Electoral para que puedan ser juzgados como altas autoridades de Estado.
La segunda, plantea cambios a la Ley 026 de Régimen Electoral, para garantizar el principio de preclusión y evitar que cualquier órgano del Estado paralice el proceso electoral, programado para el 17 de agosto.
