Luego de una evaluación al Programa Operativo Anual (POA), el Concejo de La Paz definió enviar una notificación de forma directa al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con su aprobación o rechazo.
El concejal opositor Javier Escalier señaló que la medida busca frenar cualquier intento del ejecutivo de ejecutar cambios presupuestarios sin control legislativo. “Esto no es una notificación, es una maniobra irregular. Pegaron el POA como si fueran oficiales de diligencia, en una oficina cerrada por ellos mismos. Ahora quieren que se apruebe por silencio. No vamos a permitirlo”, denunció.
Aclaró que, si el POA no se aprueba, el Ejecutivo no tiene ninguna base legal para realizar los cambios que pretende. “Por eso se va a informar directamente al Ministerio de Economía sobre nuestra decisión”.
El informe del POA Consta de nueve fojas, dos anillados y 12 discos. Será tratado en sesión y derivado a la Comisión de Desarrollo Económico y Financiero, presidida por la concejal Eliana Paco, para su análisis técnico.
Escalier remarcó que el procedimiento establecido debe enviarse formalmente a la presidencia del Concejo para su tratamiento en comisión antes de presentarlo ante el pleno. “Saltarse estos pasos es violar el reglamento y atentar contra la fiscalización. ¿Qué quiere esconder el alcalde al actuar así? ¿Qué cambios está haciendo arbitrariamente?”, cuestionó.
Asimismo, el concejal recordó que en el primer reformulado del POA, el alcalde Iván Arias eliminó 79 obras y recortó presupuestos esenciales, por lo que el tratamiento del nuevo documento debe ser transparente. “Después de haber recortado presupuesto a los PumaKatari, al Bioparque Vesty Pakos y a las bibliotecas, ahora quiere mover plata otra vez sin decirnos dónde”, advirtió.
CIERRE DEL SITRAM
El legislador también criticó el cierre del Sistema de Trámite Municipal (Sitram), instrumento clave de transparencia institucional, y recordó que fue el propio alcalde quien reconoció haberlo paralizado.
Lamentó que el Ejecutivo se niegue a reconocer a la directiva del Concejo electa en cumplimiento de un fallo judicial. “El alcalde ya no controla el Concejo y ahora desconoce la voluntad democrática de sus miembros. No puede elegir con quién trabajar. Debe respetar la institucionalidad”, enfatizó.
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En pasados días, el Ejecutivo edil dejó pegado el documento en la puerta del Sitram en el Concejo. Desde hace más de dos meses, esa oficina está cerrada debido a la pugna entre ambos entes por el directorio del órgano legislativo.
El documento fue despegado y registrado mediante acta por el secretario del Concejo, Lucio Quispe, junto al director de Gestión de Tecnologías de Información y el director Administrativo Financiero.
