A pesar de que la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ratificó la validez de la elección de la directiva del Concejo Municipal de La Paz del 2 de julio, los concejales de la bancada oficialista se resisten a cumplirla. Este jueves intentaron forzar una nueva elección de la directiva con Jorge Dulón como su elegido.
La crisis se arrastra desde el 28 de abril, cuando la mayoría del Concejo eligió a Lucio Quispe como presidente y a Lourdes Chambilla como secretaria. Según sus defensores, dicha elección se realizó en estricto cumplimiento del Reglamento Interno.
El concejal opositor Javier Escalier señaló que esta decisión frustró las aspiraciones del concejal Óscar Sogliano, quien pretendía asumir la presidencia. Además, causó la reacción del alcalde Iván Arias, que junto a su bancada minoritaria impulsó un amparo constitucional.
Como parte de esta estrategia, el Ejecutivo municipal clausuró el Sitram, situación que impide a los ciudadanos presentar reclamos, solicitudes de inspección y trámites técnicos como la aprobación de planimetrías.
Esta medida también paralizó la propia gestión del alcalde, que dejó de remitir contratos para obras, operaciones de crédito al Concejo y otros trámites.
FALLO JUDICIAL
Tras el fallo inicial, un tercer vocal dirimidor ordenó una nueva sesión con los 11 concejales presentes. En esa reunión, realizada la primera semana de julio, Chambilla fue elegida presidenta, Quispe secretario y Joseline Pinto vicepresidenta.
“La decisión frustró las aspiraciones de otro aliado de Arias, el concejal Jorge Dulón”, dijo Escalier.
No conformes, presentaron un recurso de queja cuyo fallo se conoció ayer miércoles. La resolución judicial establece: Se dio por cumplida la Resolución Constitucional 149/2025; La elección del 2 de julio cumplió todos los requisitos: convocatoria válida, quórum inicial con los 11 concejales, participación de mayorías y minorías, y votación nominal con mayoría absoluta.
Además, la directiva elegida está compuesta por Lourdes Chambilla (presidenta), Lucio Quispe (secretario) y Joseline Pinto (vicepresidenta).
Pese a la contundencia del fallo, Arias no reabrió el Sitram y sus concejales intentaron este jueves desconocer la decisión judicial.
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Escalier advirtió que esta conducta podría derivar en procesos penales por incumplimiento de fallos judiciales contra el alcalde y los concejales que persistan en el desacato.
“Ya no hay excusas. La justicia cerró este debate y ordenó respetar la directiva. Si no cumplen, asumirán toda la responsabilidad política y legal”, “no cabe un golpe institucional en estas épocas” subrayó.
Escalier deploró la actitud de Arias y su bancada que persisten en desconocer la resolución y mantienen cerrado el Sitram). “De esa forma se incumple un fallo judicial de cumplimiento inmediato”.
