Nuevos detalles salen a la luz del evento organizado en el colegio Saracho de Oruro que terminó con el deceso de dos jóvenes. Según el Ministerio Público, el espacio donde se realizó la actividad fue sobrepasado entre 200% y 300% de su capacidad.
El fiscal departamental, Aldo Morales, develó además que cada estudiante debía vender 10 entradas a un costo de Bs 30. También se descubrió que el día del evento, afuera del establecimiento educativo, se continuaba con la venta de las localidades hasta en Bs 50.
Ahora, la Fiscalía exige la entrega del monto recaudado. También se adelantó que se ampliaron los cargos por el delito de corrupción pública.
“El Ministerio Público también ha requerido que esos fondos sean remitidos a la Fiscalía a efecto de verificar cuántas entradas se han vendido. De información de testigos tenemos que la entrada costaba 30 bolivianos. A cada alumno le habían dado 10 entradas a efecto de que proceda la venta”, informó Morales.
Confirmó que se cuenta con imágenes de videos del interior y exterior del establecimiento educativo. Señaló que el material será fundamental para verificar el nivel de sobreventa y determinar responsabilidades.
“Según testigos, en la puerta habían vendido de 30 hasta 50 bolivianos el momento que estaba empezando a tocar el grupo (Sangre Cumbiera). Son aspectos que van a ser verificados. Afortunadamente tenemos videos tanto de la parte externa como también de la parte interna, que es una verdad material que nadie puede negar con referencia a los hechos que han ocurrido”, afirmó el fiscal, según el reporte de ABI.
DECESO
Luego del fallecimiento de la segunda víctima, quien estuvo internada en terapia intensiva por la avalancha humana, el caso tomó un giro.
Morales explicó que, tras este nuevo fallecimiento, la investigación penal, que inicialmente estaba tipificada como homicidio y lesiones culposas, ahora incluye delitos de corrupción pública, como uso indebido de bienes del Estado y tráfico de influencias.
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El Ministerio Público anunció que se volverá a convocar a declarar a padres de familia, profesores y funcionarios de la Alcaldía de Oruro, quienes habrían estado involucrados en la organización, autorización y logística del evento.
“Buscamos esclarecer la verdad material. Nadie puede quedar al margen de la responsabilidad”, advirtió Morales.
