La reforma laboral en Bolivia vuelve al centro del debate nacional. Con una Ley General del Trabajo vigente desde 1939, distintos sectores plantean su modernización ante el aumento de la informalidad, los nuevos tipos de empleo y una economía cambiante. ¿Actualizar la ley es una necesidad urgente o un riesgo para los derechos laborales conquistados?
La Ley General del Trabajo: ¿vigente o desfasada?
A lo largo de los años, ha experimentado modificaciones que introdujeron ciertos mecanismos de flexibilización laboral, algunos de los cuales permitieron la contratación por fuera del marco normativo tradicional. Un ejemplo claro son los consultores en línea, quienes no cuentan con cobertura médica, aportes jubilatorios, aguinaldos ni vacaciones.
Tampoco es una novedad que en Bolivia apenas un 20% de la población forma parte de la economía formal. Esto significa que la gran mayoría carece de estabilidad laboral y, en muchos casos, de derechos básicos reconocidos por la ley.
Consultamos a distintos actores del ámbito laboral y económico del país. Desde ambos lados del mostrador, las visiones pueden diferir, o tal vez no tanto.
Al revisar la normativa laboral vigente, se observan ciertos ajustes implementados a lo largo de sus 86 años. La creación del Estatuto del Funcionario Público y de figuras como las consultorías en línea o por producto son formas de flexibilización que han permitido a las instituciones públicas eludir algunas de las obligaciones establecidas por la ley.
En este contexto, caracterizado por el crecimiento de la informalidad, surge una pregunta clave: ¿es momento de actualizar una ley que se acerca a su centenario?
Opiniones divididas: reforma o conservación
Para el abogado laboralista Christian Améstegui, hablar de una reforma laboral sigue siendo un tema tabú, tanto en los medios como en la política. “Nadie se anima ni siquiera a plantear: ‘Oye, cambiemos esa obsoleta Ley del Trabajo, que tiene más o menos tres mil parches’. No hay semana en que el Ministerio de Trabajo no emita circulares, comunicados o resoluciones que modifican algo de la ley. Lo que ayer parecía estar bien, hoy ya no lo está”, afirmó en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
Améstegui reconoció, sin embargo, que la legislación laboral boliviana está relativamente bien alineada con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya primera normativa data de 1919. No obstante, considera urgente una actualización que incentive la productividad empresarial y adapte la normativa a los desafíos actuales.
También criticó el mecanismo de las “empresas sociales”, mediante el cual los trabajadores pueden asumir el control de una empresa si esta cierra por problemas económicos. “El que diga que le está yendo mal, ¡pena! Pierde su inversión. Los trabajadores se juntan, corren al ministerio, obtienen una resolución y van al juzgado a ejecutarla. Te quitan tu propiedad. Se llama empresa social”, señaló.
El abogado propuso la implementación de un régimen laboral simplificado para pequeñas empresas, que facilite su formalización sin que eso implique una carga desproporcionada.
Informalidad y subcontratación: un sistema en crisis
Respecto a las consultorías en línea y por producto, Améstegui fue contundente: “Son una forma sinvergüenza pero legal de subcontratación, sin derechos, para personal que viene a trabajar con horario y marcado”.
El economista y especialista en temas laborales Roddy Martínez coincidió en que se necesita una reforma, pero sin desechar completamente la norma actual. “Más que cambiarla, lo que tendríamos que hacer es actualizarla y profundizarla frente a las nuevas modalidades de trabajo. Hay contratos y relaciones laborales reconocidas por esta ley que ya han quedado obsoletos”, explicó.
Martínez subrayó que en países como Bolivia persisten altos niveles de explotación laboral, por lo que cualquier reforma debe mantener el equilibrio entre derechos y productividad. Aseguró que se deben garantizar las ocho horas laborales. Pero también, si un trabajador no cumple con las necesidades de la empresa, el empleador debería poder rescindir el contrato de manera justa para ambas partes.
Destacó además la necesidad de incorporar nuevas modalidades de empleo vinculadas al avance tecnológico, como las plataformas de delivery y transporte, así como el teletrabajo y el régimen semipresencial. Propuso garantizar derechos laborales compatibles con el estudio, permitiendo jornadas reducidas, y mantener beneficios como el pago de horas extra, domingos trabajados y el desahucio.
¿Qué debería incluir una reforma laboral moderna?
Desde el sector empresarial, el expresidente de la Cámara Nacional de Industrias, Pablo Camacho, fue enfático al señalar que Bolivia necesita reformas estructurales profundas. Según el empresario, el país requiere actualizar al menos cinco normativas, entre ellas la Ley General del Trabajo y el Código de Comercio, para ser más competitivos a nivel internacional.
Camacho lamentó la falta de iniciativa política frente a un contexto global cambiante, que además pone en duda el modelo de la globalización que fue parte de la economía mundial. “Hoy deberían estar preocupados el gobierno, la Asamblea y todos estos precandidatos por asegurarnos una nueva ley de inversiones”, declaró.
Finalmente, hizo un llamado a la desburocratización del aparato estatal. “Debemos dejar atrás las fotocopias y el ‘vuelva mañana’. Es momento de modernizar el país”.
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