Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) analiza tomar acciones legales contra la medida cautelar que suspendió el tratamiento de contratos de litio con dos empresas trasnacionales, debido a que nunca recibió notificación formal del juzgado de Colcha K en Potosí.
El gerente legal Pablo Nina afirmó que esta omisión dejó a la empresa estatal «en estado de indefensión», evidenciando que «la parte accionante no habría actuado de buena fe».
«Esperamos que en los siguientes días podamos tomar conocimiento pleno de estas medidas para tomar acciones correspondientes», afirmó Nina respecto al proceso iniciado por comunarios de Nor Lípez.
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Litio
Reiteró que YLB solo tuvo conocimiento extraoficial de la acción popular y audiencia cautelar una vez que la parte accionante socializó el fallo del Juzgado Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Colcha K.
Nina aclaró que la medida judicial se basa en contratos con la empresa Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC que «no están vigentes» y cuyo análisis corresponde constitucionalmente a la Asamblea Legislativa.
De esta manera, aseguro que bajo esos convenios «no se realizó ninguna actividad en el Salar de Uyuni», limitándose a una fase previa de recolección de datos para estudios de plantas industriales.
Sin embargo, la parte accionante denunció que las trasnacionales ya se encontraban trabajando en los salares.
«YLB es respetuosa de los derechos de los pueblos indígenas», enfatizó Nina, garantizando que no se iniciará «ninguna actividad, obra o proyecto hasta contar con el estudio de factibilidad que incluye la consulta previa».
De acuerdo con el funcionario, los contratos actuales permitirían desarrollar dicho análisis ambiental y social antes de presentar proyectos finales e iniciar las operaciones correspondientes.
Ambos acuerdos sumaban una inversión de $us 2.000 millones en implementación de plantas que funcionarían con tecnología de extracción directa de litio (EDL) para producir grandes cantidades de carbonato de litio.
Por ello, el Gobierno lamentó el fallo del juzgado en Colcha K y afirmó que el principal perjudicado es el país.
