Más de 4.000 hectáreas de maíz y soya están en peligro por la violenta toma de la hacienda Santa Rita, ubicada en el municipio El Puente, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, denunció la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).
El gerente de la institución, Jaime Hernández, explicó este lunes su preocupación y rechazo ante el violento avasallamiento perpetrado en la Hacienda Santa Rita y denunció la inacción de las autoridades y exigió la intervención inmediata de la fuerza pública.
“El Estado no puede seguir tolerando que grupos armados encapuchados, con rifles y escopetas, se apoderen de propiedades legalmente constituidas, impidan la producción de alimentos y pongan en riesgo vidas humanas”, dijo Hernández, en conferencia de prensa.
“No estamos hablando de un conflicto de papeles, estamos hablando de delitos flagrantes: avasallamiento, portación ilegal de armas, robo, amenazas de muerte y destrucción de cultivos”, complementó.
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Santa Rita
Según detalló, desde el 5 de mayo la propiedad está invadida por tercera vez, por grupos organizados que, montados en motocicletas, con armas de fuego y tácticas de amedrentamiento han paralizado la siembra de maíz y soya. Además, han bloqueado el ingreso de maquinaria.
Según Hernández, a pesar de que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) confirmó que el predio cuenta con medidas precautorias de protección a la posesión, la Policía no ejecutó ninguna acción efectiva para el desalojo ni detuvo a los cabecillas; varios con órdenes de aprehensión vigentes.
“¿Qué más tiene que pasar para que el Estado actúe?”, cuestionó Hernández. “Ya no estamos ante un simple incumplimiento administrativo. Estamos ante un atentado contra el derecho a la propiedad, la producción de alimentos y la paz social. Si no se frena la invasión a Santa Rita, las propiedades productivas aledañas corren grave riesgo”, indicó.
El gerente de Anapo además informó que, por causa de estos hechos, de las 1.000 hectáreas planificadas para el cultivo de maíz solo se logró sembrar 380; y que en la actualidad están en riesgo 3.500 hectáreas de soya.
Policía
Además, están en peligro 40 empleos directos y decenas de empleos indirectos. “Como sector estamos enfrentando pérdidas económicas irreparables ante los avasallamientos, mientras los responsables siguen circulando libremente, incluso participando en reuniones oficiales del INRA”, denunció.
Anapo exige al viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, y al Comando Nacional de la Policía que cumplan su deber constitucional y garanticen el cumplimiento del orden y la ley.
“Queremos trabajar. Queremos producir. Pero como sector productivo no vamos a aceptar que se pisoteen los derechos de los productores. Si no se restituye el estado de derecho en Santa Rita, se estará abriendo la puerta a más violencia, más avasallamientos y poniendo en riesgo la producción de alimentos en Bolivia”, manifestó Hernández.
