La Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz (SIB-SC) alertó este viernes que el actual sistema de reajuste de precios pone en grave riesgo la continuidad de obras públicas y amenaza con llevar a la quiebra a empresas constructoras, especialmente las que tienen contratos con el Estado.
Luis Alberto Soliz, asesor técnico de la SIB-SC, recordó que, en el pasado, normas como el Decreto Supremo 18948 de 1982 permitían un reajuste real y justo del costo total de las obras.
Citó como ejemplo al propio Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, que en 2008 aplicó una ordenanza municipal para permitir la actualización del valor contractual de los proyectos.
“Hoy, lamentablemente, el escenario es otro. El Decreto Supremo 5321 contempla solo el reajuste de ciertos materiales importados, pero excluye componentes como la mano de obra, equipos, impuestos (IT e IVA), gastos generales y utilidades. Esto genera una distorsión profunda y una carga financiera insostenible para los contratistas”, explicó Soliz, en conferencia de prensa.
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Constructoras
Desde una perspectiva jurídica, Jorge Amas señaló que este reajuste parcial obliga a los contratistas a financiar una parte sustancial de las obras con su propio patrimonio.
“Esto constituye, en la práctica, una forma de expropiación encubierta. Se vulnera el equilibrio económico contractual y se desplaza el patrimonio privado hacia el Estado, sin compensación”, explicó.
Para ilustrar la gravedad de la situación, Soliz expuso un ejemplo: si un ítem de obra incluye materiales importados cuyo precio ha subido un 30%, pero otros costos asociados —como la mano de obra y los beneficios sociales— también incrementaron y no son reajustados, el contratista termina asumiendo la diferencia.
“Esto no es un reajuste real, es una transferencia de pérdidas”, puntualizó.
Ante este panorama, la SIB-SC hace un llamado de alerta a las autoridades nacionales y subnacionales sobre las consecuencias inmediatas de mantener un decreto que no protege ni al contrato ni al contratista.
Asimismo, explicó que las obras públicas corren el riesgo de quedar inconclusas. Además, las empresas constructoras, especialmente las pequeñas y medianas, están al borde de la quiebra.
Y la confianza empresarial está quebrada, pues muchas empresas ya no se presentan a nuevas licitaciones debido a la ausencia de cláusulas contractuales que garanticen un reajuste adecuado.
Consecuencias
Otra consecuencia, es la exclusión de otros tipos de contratación estatal, como consultorías y supervisiones, agrava aún más el problema.
En ese marco, la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz exhorta al Gobierno central y a las entidades contratantes a revisar y corregir con urgencia el Decreto Supremo 5321, para garantizar un sistema de reajuste de precios que sea integral, justo y sostenible.
El Decreto Supremo 5321 de enero de este año, ajusta los precios unitarios de materiales de construcción, maquinaria y equipos, importados.
