El secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), Giorgio Trettenero, expresó su preocupación por los efectos negativos que pueden generar ciertas medidas impulsadas recientemente en Bolivia, como el diferimiento de créditos y la suspensión de embargos.
En el marco del X Congreso Latinoamericano de Riesgos (CLAR) 2025, realizado en la ciudad de Panamá, Trettenero abordó el concepto de «represión financiera», en referencia a disposiciones legales o administrativas que distorsionan el funcionamiento natural del sistema financiero.
En ese contexto, señaló de forma explícita el caso boliviano como ejemplo de decisiones que podrían debilitar la intermediación bancaria, alterar los incentivos de pago y afectar la solvencia del sistema financiero.
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) resaltó este pronunciamiento que, en su criterio, representa un respaldo técnico. Y, además, señaló que también pone en evidencia que las medidas que buscan brindar alivio inmediato, si no están bien diseñadas, pueden generar consecuencias estructurales adversas, especialmente sobre los sectores más vulnerables.
Según un reporte de Asoban, es el caso del Proyecto de Ley 547 2024-2025, a través del cual se pretende suspender temporalmente los embargos y aplicar un diferimiento de créditos que incluye de manera automática a un conjunto de operaciones.
Alcanza al 73% de prestatarios del país
La entidad de bancos del país dijo que norma alcanzará a más de 1.400.000 prestatarios (73% del total de los prestatarios del sistema de intermediación financiera), con un impacto en la liquidez de más de $us 2.600 millones.
“Significando ello un duro impacto en la liquidez de los bancos, con severos efectos en el crédito y la solvencia”, dice el reporte.
Y remarcó que para la banca es fundamental orientar las medidas a los verdaderamente afectados, sin arriesgar la sostenibilidad de un sector que es vital para el país y que también se está viendo afectado por la compleja situación económica por la que atraviesa Bolivia.
En ese marco, Trettenero dijo que “este tipo de medidas terminan premiando el incumplimiento y castigando al buen pagador”, lo que afecta la cultura de pago y encarece el crédito. Además, puede reducir su disponibilidad, en especial para las pequeñas empresas y los segmentos de bajos ingresos.
Luego de destacar ese pronunciamiento, Asoban compartió la importancia de mantener un marco regulatorio previsible, equilibrado y construido con base a evidencia técnica.
“El sistema financiero boliviano ha demostrado ser sólido y solvente; sin embargo, encara muchos desafíos y es fundamental que la normativa acompañe su correcto desempeño, sin gestar mayores riesgos”, indicó en su reporte.
Diálogo
Y remarcó que la relación entre el sector público y el privado debe sustentarse en el diálogo y la corresponsabilidad, especialmente en temas tan sensibles como el acceso al financiamiento. “Las señales que se envían al mercado pueden impactar de manera directa en la confianza, la inversión y las oportunidades de desarrollo, más aún en un periodo de transición a un nuevo gobierno”.
El 12 de septiembre, el proyecto de Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias en Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social y Diferimiento de Créditos para Vivienda de Interés Social y Créditos a Unidades Económicas de Tamaño Micro y Pequeña quedó aprobado en la Cámara de Diputados y remitido al Senado para su revisión y sanción.
La norma introduce un mecanismo excepcional que suspende temporalmente los embargos y difiere créditos por un periodo de seis meses los créditos de vivienda de interés social y microcréditos.
Según la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) afectará solamente al 3% del sistema financiero, por lo que el impacto “no es significativo”.
