El Gobierno defendió el Decreto Supremo 5503 como una decisión soberana y diseñada íntegramente por el equipo económico nacional, en medio de versiones que atribuyen la medida a presiones de organismos internacionales.
En una entrevista con Infobae, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, aseguró que el paquete de reformas es una “política original” del Órgano Ejecutivo y no responde a condicionamientos externos.
Espinoza explicó que el decreto, publicado el 17 de diciembre, es el resultado de varias semanas de trabajo y expresa la visión económica del gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira. En ese marco, remarcó que la eliminación del subsidio a los combustibles, el punto más polémico de la norma, se asumió por la inviabilidad fiscal del esquema anterior y por los altos niveles de corrupción que, afirmó, se habían generado alrededor de su importación y control estatal.
“El plan que nosotros tenemos es un plan nuestro, formulado por bolivianos y con una visión clara de desregulación del sector público, apertura a la inversión y ordenamiento de las finanzas”, sostuvo el ministro, al descartar cualquier influencia directa de organismos financieros internacionales en la redacción del decreto.
Medidas
Consultado sobre el cambio entre el discurso de campaña y la aplicación inmediata del ajuste, Espinoza señaló que la gravedad de la situación heredada obligó a una decisión de shock. A su criterio, un retiro gradual del subsidio habría generado los mismos conflictos sociales, pero con impactos inflacionarios repetidos y más profundos en el tiempo.
Respecto al financiamiento externo, aclaró que el Gobierno no busca endeudarse para sostener el subsidio, como ocurrió en gestiones anteriores, sino ordenar primero la economía y luego destinar los recursos a objetivos distintos, como la estabilidad macroeconómica y la inversión productiva. En esa línea, indicó que los créditos internacionales que se gestionan ya no estarán destinados a cubrir importaciones de combustibles.
Además, el ministro aseguró que el decreto incorpora medidas sociales y tributarias para mitigar el impacto del ajuste, especialmente en los sectores más vulnerables, y afirmó que no existe justificación técnica para incrementos desmedidos en tarifas de transporte o precios de alimentos. El Gobierno, reiteró, mantiene la disposición al diálogo, pero no dará marcha atrás en una reforma que considera clave para estabilizar la economía del país.
