Las tres principales ciudades de Bolivia —Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Cochabamba— registran niveles bajos de libertad económica, debido, principalmente, a la burocracia y la inseguridad jurídica que reflejan la fuerza de un modelo centralista.
El Índice Metropolitano de Libertad Económica sitúa a Santa Cruz con 4,92 puntos, seguida por La Paz con 4,91 y Cochabamba con 4,90, configurando un “triste empate” que, más que evidenciar competencia entre regiones, refleja un entorno económico homogéneo marcado por fuertes restricciones estructurales.
El diagnóstico advierte que las regiones analizadas continúan atrapadas en una estructura de “tramitología” que eleva costos, desalienta la formalización y frena los emprendimientos.
El Índice Metropolitano de Libertad Económica 2026 es el primer estudio en Bolivia que mide cómo las instituciones locales y las «reglas del juego» afectan directamente en la capacidad de los ciudadanos para prosperar. Fue elaborado por la Fundación Gobierno Abierto, basado en la metodología del Fraser Institute.
El estudio revela que la prosperidad de las ciudades no es fruto del azar o la geografía, sino de la calidad de sus instituciones: leyes y normas que definen si el talento de un joven se convierte en un emprendimiento exitoso o en una frustración burocrática.
José Eduardo Iriarte, presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz) explicó a La Razón que se trata de un estudio que mide, a través de distintos parámetros y encuestas, la facilidad de hacer empresas o hacer negocios en distintas ciudades.
Para el economista Luis Fernando Romero, se trata de una herramienta práctica y muy importante para tomar decisiones, ya que identifica obstáculos claros: burocracia, inseguridad jurídica, regulación excesiva y “todo lo que puede impedir que se tenga una libertad económica”.
Modelo centralizado
En criterio de Romero, ese informe ayuda a gestionar mejor los recursos para ser más eficientes y generar condiciones a largo plazo para un desarrollo sostenible.
“También es una guía de políticas públicas para atraer inversiones y mejorar el clima de negocios y reducir la informalidad. Muestra qué tan fácil es progresar en la ciudad”, dijo a La Razón.
El índice tiene 45 indicadores en cinco grandes áreas: tamaño del Gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, moneda sana (estabilidad monetaria), libertad de comercio internacional y regulaciones. “No es que hay uno mejor o peor, lo que nos da el estudio es una visión de lo que tenemos que mejorar y creo que estamos en el momento preciso de hacerlo porque tenemos un nuevo gobierno y, por otro lado, tenemos ya gobiernos subnacionales que deberían tener como vocación el hacer que sus regiones se vuelvan más eficientes a la hora de administrar la economía”, explicó el presidente de Cadinpaz.
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Mucho por mejorar
Asimismo, Iriarte remarcó que no es que las tres regiones estén mal, pero no alcanzaron el ideal, siete puntos, lo que refleja que “tenemos mucho por mejorar”.
El informe identifica como principal explicación el peso del modelo centralista. Variables clave como la política monetaria, el comercio exterior o la normativa laboral dependen del nivel central, lo que reduce el margen de acción de gobiernos subnacionales.
Este fenómeno, descrito como “techo nacional”, genera una convergencia institucional: las ciudades operan bajo las mismas reglas macroeconómicas, lo que limita la posibilidad de diferenciarse en términos de clima de inversión o dinamismo empresarial.
Donde sí emergen diferencias es en la regulación, el ámbito con mayor incidencia municipal. En esta área, Santa Cruz lidera con 4,33 puntos, por encima de La Paz (3,40) y Cochabamba (3,31), lo que sugiere un entorno relativamente más ágil.
La Paz
Iriarte explicó que en el caso específico de La Paz, esta lidera en densidad empresarial con 43,9 empresas por cada 1.000 habitantes, “demostrando una fuerte tradición comercial y capacidad de sobreponerse a entornos burocráticos adversos”. Sin embargo, la percepción ciudadana sobre la protección a la propiedad privada y seguridad jurídica en La Paz presenta un nivel crítico, con una calificación de 3, 67 sobre 10. “Esta debilidad institucional actúa como un ancla que ahuyenta la retención y crecimiento del capital”, comunicó.
Los datos indican que La Paz sufre el «costo del centralismo». Al ser el lugar donde se toman las decisiones nacionales, su economía local está profundamente entrelazada con el aparato público. Esto genera la carga burocrática más pesada del país.
“Es negativo porque somos el marchódromo el país, aquí vienen a marchar todos y por cualquier cosa y eso tiene que acabarse. Muchos creen que ser sede de gobierno es una ventaja, pero, la verdad, para hacer negocios no es así, por eso las industrias están emigrando”, explicó Iriarte.
Santa Cruz
En el caso de Santa Cruz, el informe muestra un fenómeno interesante: fortaleza empresarial en un entorno institucional incompleto.
La ventaja competitiva de Santa Cruz de la Sierra radica en su cualidad histórico-institucional que supera a las administraciones públicas locales. Con una población pujante, el municipio ha logrado que el costo de la burocracia por habitante sea menor que en La Paz o Cochabamba.
Santa Cruz no solo es más libre porque tenga «menos reglas», sino porque sus reglas están mejor alineadas con quien produce.
Mientras Santa Cruz muestra dinamismo privado con fragilidad en la sostenibilidad institucional, La Paz presenta mayor institucionalización formal, pero menor impulso empresarial autónomo, lo que debilita las reglas de juego informales que aceleran el proceso económico.
Cochabamba
Es, por definición, el nodo del equilibrio. Con un puntaje general de 4,90 se posiciona apenas unas centésimas por debajo de La Paz.
Cochabamba opera con un presupuesto municipal significativamente menor al de Santa Cruz o La Paz, pero ha logrado indicadores de bienestar y orden administrativo que la mantienen en el clúster de liderazgo.
El informe explica que es la prueba de que, en libertad económica, no se trata de cuánto dinero tienes en las cuentas del municipio, sino de qué tan poco estorbas al que produce y de qué forma proteges sus derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la propiedad.
Para el economista Romero, estos resultados permiten ver diferencias reales y “muestran un bajo nivel de libertad económica y que aún existe una fuerte centralización que limita el impacto de políticas locales”.
El índice no debe verse como un simple ranking para declarar ganadores o perdedores, sino como una herramienta de diagnóstico estratégico para los tomadores de decisiones locales. Demuestra que las autoridades metropolitanas aún tienen márgenes reales de acción para simplificar trámites, reducir costos y mejorar el clima de inversión local.
La evidencia del informe dicta que una «gran reforma nacional» no llegará desde la sede de gobierno. La libertad en Bolivia se construirá de abajo hacia arriba.
