El dirigente del transporte pesado de El Alto, Pedro Quispe, denunció la paralización de más de 2.000 unidades del sector y advirtió con la masificación de medidas de presión ante la falta de combustible que afecta al transporte nacional e internacional.
“Tenemos más de 2.000 unidades paradas y los choferes no pueden estar sin trabajo, por lo tanto vamos a masificar, porque el transporte nacional e internacional da la vida al país”, afirmó el dirigente. Al señalar que el sector se dedica al traslado de mercaderías desde distintos puertos de Perú, Chile y otros países.
El sector movilizó a sus bases y bloquea en distintos puntos de la ciudad de El Alto, Quispe brindó una rueda de prensa en inmediaciones de la planta de almacenaje de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (YPFB)
El dirigente cuestionó la situación del abastecimiento de combustibles y apuntó a presuntas irregularidades en la administración de YPFB. Se preguntó: “¿por qué tanta escasez?” y denunció supuestos hechos de corrupción.
“El robo total que han hecho ahora tienen que devolver la platita y ahora van escapando como ratas”, manifestó. También exigió que los responsables sean procesados.
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Transporte pesado
El dirigente hizo referencia a una reciente intervención en instalaciones de YPFB en Santa Cruz y pidió que se replique la misma acción en la planta de Senkata, en El Alto, donde —según afirmó— “los que mezclaban la gasolina con etanol tienen que ir presos”. Y exigió “mano dura de la Fiscalía”.
Asimismo, cuestionó la participación de empresas internacionales en el suministro de combustibles, señalando a Trafigura y Vitol, y pidió transparentar los contratos vigentes.
“Estamos pagando precio justo, por lo tanto, ellos son los responsables directos”, sostuvo.
Quispe también afirmó que parte del combustible almacenado en Arica habría sido trasladado en pequeñas cantidades “para disimular”. Aseguró que el sector transportista conoce la situación y exige que los responsables “se hagan cargo”.
El sector del transporte pesado anunció que evaluará nuevas medidas en caso de no recibir respuestas a sus demandas relacionadas con el abastecimiento de combustible y la normalización de sus operaciones.
