Perú nunca había tenido tantas razones para celebrar su sector minero. En enero de 2026, la inversión del rubro alcanzó $us 398 millones. Un 8,9% más que el mismo mes del año anterior, impulsada por Las Bambas, Tía María y Antamina. La proyección para el año completo es de $us 7.100 millones, un 15% más que en 2025, que ya fue el mejor año en inversión minera en una década. El cobre roza máximos históricos. El oro superó las 53 marcas récord solo en 2025.
Y sin embargo, algo no cierra.
El momento que no debe desperdiciarse
El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, viajó a Toronto a principios de marzo para presentar ante 27.000 empresarios de 130 países una cartera de 65 proyectos valuados en $us 63.000 millones. Su mensaje fue directo. «Esta es una magnífica oportunidad para presentar al mundo el enorme potencial minero del Perú. Desde tiempos ancestrales, somos un país minero», declaró en la apertura del PDAC 2026, la convención minera más importante del mundo. «Queremos que las miradas y las inversiones del mundo apuesten por el Perú», reafirmó.
El ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López, lo acompañó con datos. La producción minera peruana se multiplicó por diez entre 1994 y 2025. El país posee el 10,2% de las reservas mundiales de cobre y el 21,8% de plata. La minería representa el 8,5% del PIB y el 63,9% de las exportaciones totales.
El capital internacional respondió. Según datos de la Cámara de Comercio Canadá-Perú, el interés de inversores extranjeros por Perú subió al 62% durante el PDAC 2026, un salto significativo respecto a ediciones anteriores.
La paradoja del superciclo
Pero el analista político y especialista en minería Iván Arenas no se deja llevar por el optimismo oficial. En una columna publicada esta semana, describe lo que llama un «momento minero» trascendente. Donde la demanda tecnológica global por cobre y minerales críticos converge con una oportunidad histórica para Perú. Sin embargo, advierte que «así de igual funciona el mito de las ‘concesiones ociosas’ en un proyecto de ley que, de aprobarse, liquidará las inversiones en la minería formal”.
La advertencia alude a un dictamen aprobado el 16 de marzo por la Comisión de Energía y Minas del Congreso que modificaría la Ley General de Minería. Para Arenas, es una señal de que las fuerzas que frenan la minería formal operan desde adentro del propio sistema político.
El economista Elmer Cuba, de Macroconsult, apunta en la misma dirección. La «tramitomanía» —su término para el exceso de procedimientos administrativos— retrasa inversiones y pone en riesgo la sostenibilidad del auge cuprífero. A eso se suma que la minería informal ya representa la mitad de las exportaciones auríferas del país.
El enemigo estructural
La amenaza más citada por todos los expertos consultados es la misma: la minería ilegal. Según el Instituto Peruano de Economía, esta actividad moviliza $us 12.000 millones al año. Esto es más que la inversión minera formal proyectada para todo 2026. En 2023 explicó el 41% del total de economías ilegales en el país.
Arenas lo describe sin rodeos. «Frente a nosotros hay una industria criminal e ilegal. Los capos deben estar atentos. El activo embajador estadounidense ya se habrá dado cuenta de que la ilegalidad en minería atraviesa la sociedad peruana, paga corruptos y, sobre todo, lava activos en paraísos fiscales”.
La respuesta política, en año electoral, es insuficiente. Un informe del Observatorio de Minería Ilegal reveló que 24 de los 36 planes de gobierno presentados por partidos políticos no incluyen medidas concretas para combatir el problema.
