En una reciente emisión del programa «Piedra, Papel y Tinta», Rosario Ricaldi, abogada y exconstituyente y Gabriela Montaño, médica y exministra de Salud, expresaron su preocupación por la ausencia de debates sobre el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2025 en Bolivia.
Acceso a la salud: avances y desafíos del SUS
Gabriela Montaño destacó los logros del Sistema Único de Salud (SUS), implementado en 2019, que ha proporcionado atención médica gratuita a casi ocho millones de bolivianos. Según datos del Ministerio de Salud, hasta 2024 se han realizado más de 272 millones de consultas médicas a través del SUS. Solo en 2023, se registraron más de 45 millones de atenciones. Este sistema ha permitido el acceso a servicios esenciales de salud a poblaciones históricamente excluidas, como mujeres, trabajadores informales y comunidades indígenas.
Sin embargo, Montaño advirtió sobre propuestas de algunos precandidatos que buscan privatizar el sistema de salud, lo que podría revertir estos avances y afectar a las poblaciones más vulnerables. Resaltó que «el SUS es la mayor garantía de equidad en salud en Bolivia» y alertó sobre discursos que promueven “vouchers” o la entrega de fondos estatales para pagar atención en seguros privados.
Rosario Ricaldi subrayó la importancia de fortalecer el SUS, especialmente para las mujeres sin seguro médico. Relató experiencias familiares que evidencian cómo el sistema público ha sido determinante para la vida y salud de miles de bolivianos. También llamó la atención sobre la descoordinación entre niveles de gobierno que afecta la calidad del servicio.
Derechos sexuales y reproductivos: una deuda pendiente
Ricaldi presentó alarmantes estadísticas sobre embarazos adolescentes. En 2023, se reportaron 32.508 embarazos en adolescentes, y 2.136 casos involucraron a niñas menores de 15 años. Cada día, 91 adolescentes menores de edad dan a luz en Bolivia. Estos datos revelan una crisis de salud pública que requiere una acción urgente.
La exconstituyente enfatizó que la educación sexual integral es una herramienta clave para prevenir embarazos no deseados y garantizar el ejercicio de derechos. Sectores conservadores frenan su aplicación con discursos morales, perpetuando la desinformación y vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes en salud sexual y reproductiva.
Gabriela Montaño, desde su experiencia como legisladora, recordó los debates sobre la interrupción legal del embarazo, donde encontró resistencias incluso dentro del oficialismo. El aborto debe tratarse como salud pública, no moral religiosa; la desigualdad expone a mujeres pobres a prácticas clandestinas sin garantías sanitarias.
Ambas coincidieron en la urgencia de una Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, que garantice educación, prevención, acceso a anticonceptivos y atención adecuada en casos de violencia sexual. Asimismo, reclamaron la implementación del Plan Nacional de Educación Integral en Salud Sexual y la actualización del Plan Estratégico de Salud Reproductiva.
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Conclusión
La omisión de temas como el acceso a la salud y los derechos sexuales en la campaña electoral boliviana representa una grave negligencia hacia las necesidades fundamentales de la población. Estos temas son centrales para el desarrollo humano y la justicia social. Las cifras sobre embarazos adolescentes y mortalidad materna son un llamado de alerta que la clase política no puede seguir ignorando.
Es necesario que los candidatos incluyan en sus propuestas una apuesta clara por el fortalecimiento del SUS, la prevención como eje del sistema de salud y la garantía de derechos sexuales y reproductivos. Como afirmó Rosario Ricaldi, «cada adolescente que cambia su proyecto de vida por un embarazo no deseado representa un fracaso del Estado». La propuesta está planteada. Ahora, es momento de que los actores políticos la integren y respondan con responsabilidad a los retos de la sociedad boliviana.
