Dos caminos
Las elecciones generales de Bolivia, previstas para el 18 de agosto de 2025, se perfilan como un punto de quiebre en la historia reciente. Los planes de gobierno presentados por las alianzas políticas proponen cambios estructurales. Estos afectarían directamente el modelo de Estado y el modelo económico.
De un lado, partidos como Alianza Libre, Libertad y Progreso ADN, Alianza Unidad, APB-Súmate y PDC plantean reformas profundas. Estas implicarían modificar la Constitución Política del Estado.
Sus propuestas incluyen descentralizar competencias y redistribuir recursos con un nuevo pacto fiscal. También fortalecer la propiedad privada, eliminar la elección judicial y reducir drásticamente la intervención estatal.
Alianza Popular, MAS-IPSP y La Fuerza del Pueblo defienden fortalecer el Estado Plurinacional con inclusión social. También proponen el control de recursos estratégicos y políticas públicas orientadas a la redistribución económica nacional.
Cambios
Para materializar los cambios propuestos, se tendrían que modificar artículos clave de la CPE. Estos artículos definen el régimen autonómico, el pacto fiscal y la elección de autoridades judiciales.
Se plantea sustituir el voto popular en la elección judicial. También revisar la propiedad y administración de recursos naturales, así como los límites a la intervención estatal en la economía.
Además, se prevé la reforma de leyes como:
- Ley N° 031 Marco de Autonomías.
- Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales.
- Ley N° 025 del Órgano Judicial.
- Ley N° 960 sobre elección de autoridades judiciales.
Continuidad o giro
Las propuestas para reformar el modelo económico incluyen abrir sectores estratégicos a inversión privada. También permitir la propiedad privada de recursos naturales y reducir la promoción estatal de la economía comunitaria.
Los cambios implicarían ajustes a la Ley N° 3058 de Hidrocarburos y la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia. También a la Ley N° 516 de Promoción de Inversiones.
Además, se tendría que modificar la Ley N° 393 de Servicios Financieros y modificar el régimen tributario.
Por otro lado, las fuerzas que apuestan por la continuidad proponen consolidar el modelo actual. Esto implica fortalecer la producción nacional y el sector productivo privado, regulando exportaciones para proteger el mercado interno.
También aumentar la inversión en políticas sociales como mecanismo de redistribución y apoyo a sectores vulnerables.
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Lo social
En salud, los reformistas proponen un sistema mixto con seguros privados y descentralización. Los defensores del modelo actual buscan ampliar y fortalecer el Sistema Único de Salud (SUS).
En educación, los primeros quieren revisar la Ley Avelino Siñani y dar autonomía a los departamentos para actualizar mallas curriculares. También fomentar alianzas con el sector privado.
Quienes respaldan la continuidad priorizan modernizar la educación pública con tecnología. Además, buscan reforzar contenidos culturales y garantizar la gratuidad de la enseñanza en todos los niveles.
En derechos humanos, las propuestas de reforma incluyen reestructurar la Defensoría del Pueblo y revisar leyes de igualdad de género. También replantear políticas sobre diversidad sexual.
Las fuerzas pro-continuidad defienden ampliar políticas inclusivas y garantizar la participación de sectores vulnerables en la toma de decisiones de las políticas sociales.
Decisión clave
El 18 de agosto, Bolivia definirá entre un modelo más liberal con menor intervención estatal o la profundización del Estado Plurinacional. Esto incluye control público y redistribución económica.
El resultado electoral marcará el marco normativo. También definirá la administración de los recursos estratégicos y el rumbo de las políticas sociales durante los próximos cinco años.
