Bolivia vive un momento electoral en el que el tipo de Estado vuelve a ser el eje del debate político. La experiencia histórica muestra que el modelo de organización estatal condiciona profundamente la equidad de género: determina el acceso de las mujeres a salud, educación, empleo, participación política y justicia.
Entre 1985 y 2005, el modelo neoliberal priorizó la estabilidad macroeconómica y la liberalización de mercados, pero excluyó la igualdad de género de sus prioridades. Desde 2006, el Estado Plurinacional incorporó la equidad como principio constitucional, impulsando políticas, leyes y programas que transformaron el panorama, aunque con resultados desiguales.
1985 a 2006
Durante las dos décadas de predominio neoliberal, Bolivia ejecutó reformas estructurales que redujeron el rol del Estado. El ajuste fiscal, las privatizaciones y la capitalización de empresas públicas se tradujeron en un debilitamiento de la inversión social.
- Crecimiento promedio del PIB: 2,3% entre 1999 y 2004.
- Reducción sostenida del gasto en salud, educación y asistencia social.
- Falta de acceso de las mujeres rurales a servicios básicos esenciales.
En este contexto, la feminización de la pobreza se agudizó. La falta de servicios estatales llevó a que las mujeres asumieran, en el ámbito doméstico y comunitario, funciones que el Estado dejó de cumplir, a menudo mediante trabajo informal y no remunerado.
No existía un enfoque estructural de género. La institucionalidad era débil: el Programa Nacional de la Mujer, creado en 1992, tuvo un alcance limitado, centrado en salud reproductiva y educación básica, pero sin abordar violencia, autonomía económica ni participación política. Sus recursos dependían de cooperación internacional, ejecutados por ONG y agencias multilaterales, sin estrategia nacional sostenible.
El Estado Plurinacional
Con la Constitución de 2009, la equidad de género se convirtió en un principio rector del Estado. El modelo Económico Social Comunitario Productivo aumentó el gasto social y fortaleció la planificación estatal, gracias a ingresos extraordinarios por la nacionalización de recursos estratégicos.
Medidas y cambios clave:
- Leyes emblemáticas:
- Ley 348 (2013): garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, reconociendo todas sus formas (física, psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional y política).
- Ley 243 (2013): protege a las mujeres de acoso y violencia política.
- Paridad política: obligación de que el 50% de las candidaturas en todos los niveles sean femeninas.
- Programas sociales: como el Bono Juana Azurduy, que otorga transferencias condicionadas a controles médicos y vacunación infantil.
- Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades: estrategias para cerrar brechas en acceso a empleo, servicios, participación y justicia.
La cobertura de salud y educación se amplió de manera significativa, y el financiamiento para políticas de género provino, por primera vez, del presupuesto público. Esto permitió continuidad y expansión de programas.
Desafíos
A pesar de los avances, la igualdad sustantiva no está garantizada. Los datos muestran una brecha entre el marco normativo y su aplicación real:
- 50% de mujeres rurales desconocen la Ley 348.
- Sólo 4% de las denuncias por violencia concluyen en imputaciones.
- Las tareas de cuidado siguen recayendo casi exclusivamente en mujeres, afectando su autonomía económica.
Las limitaciones son estructurales: falta de transversalización del enfoque de género en los presupuestos, débil capacidad institucional en municipios rurales y barreras culturales que perpetúan roles tradicionales.
Propuestas electorales
Los programas de gobierno que compiten en las elecciones de 2025 exhiben tres enfoques bien definidos sobre el futuro de la equidad de género.
En el primer bloque, las propuestas apuntan a dar continuidad y ampliar las políticas vigentes, incorporando medidas como la creación de un Ministerio de Igualdad y el fortalecimiento de la autonomía económica femenina mediante financiamiento y programas específicos.
En el segundo, la equidad se integra de forma transversal dentro de las agendas sociales, aunque sin compromisos presupuestarios claros ni reformas estructurales que garanticen su sostenibilidad.
Finalmente, en el extremo opuesto, surgen planteamientos para derogar las normas con enfoque de género y recortar el apoyo estatal a organizaciones feministas, un giro que implicaría un retroceso en derechos y en recursos destinados a salud, educación y protección social.
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Elecciones 2025
La elección de 2025 será un punto de inflexión: decidirá si Bolivia consolida un modelo de igualdad con respaldo estatal o si se desmantelan avances normativos y programáticos. La equidad de género ya no es un asunto marginal, sino un terreno central de disputa sobre el modelo de desarrollo.
El futuro dependerá de tres factores: voluntad política, jerarquía institucional y financiamiento sostenido. Sin ellos, las leyes seguirán siendo letra muerta y las brechas, una constante.
