El arresto de la jueza Lilian Moreno desató nuevas críticas sobre la independencia judicial y el uso político de la justicia en Bolivia. Abogados y expertos advirtieron en el programa «Piedra, Papel y Tinta» que se está usando el aparato judicial con fines políticos.
El trasfondo del caso
Lilian Moreno fue sorteada como jueza para resolver una acción de libertad presentada por la defensa de Evo Morales. En su fallo, declaró que el caso debía pasar a la jurisdicción de Cochabamba, señalando que la Fiscalía de Tarija no tenía competencia. Sin embargo, la Fiscalía continuó las actuaciones judiciales en Tarija, lo que derivó en una contradicción con otro fallo emitido por un juez en La Paz.
Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista, explicó que la jueza actuó dentro del procedimiento legal. Sin embargo, criticó la falta de reacción del Tribunal Constitucional para resolver el conflicto de competencias entre los fallos judiciales. Afirmó que esta omisión genera inseguridad jurídica y expone la fragilidad institucional del sistema judicial.
Doble vara judicial y discrecionalidad fiscal
Nadia Cruz, exdefensora del Pueblo, sostuvo que este caso refleja una persecución político-judicial. Denunció que la Fiscalía de Tarija ha actuado con opacidad y sin transparencia, y que el Gobierno ha asumido este proceso como una causa política, sin el consentimiento ni la participación directa de la víctima.
Cruz enfatizó que, mientras la jueza Moreno fue aprehendida, el juez de La Paz que falló en sentido contrario permanece en su cargo. Esto, dijo, muestra un patrón de criminalización selectiva, donde las autoridades judiciales que emiten fallos contrarios a los intereses del gobierno enfrentan represalias inmediatas.
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El rol del Tribunal Constitucional
Tanto Gutiérrez como Cruz coincidieron en que el Tribunal Constitucional tiene la obligación de resolver este conflicto y definir cuál de los fallos tiene validez legal. Gutiérrez advirtió que, si se confirma la validez del fallo de Moreno, el Estado deberá reparar los daños ocasionados. Si se confirma lo contrario, la jueza podría enfrentar sanciones penales y disciplinarias.
Para Nadia Cruz, el caso marca un grave precedente para las autoridades judiciales. Advirtió que los jueces y fiscales que actúan con independencia pueden ser víctimas de una cacería institucional, y cuestionó el silencio del Gobierno ante las denuncias de irregularidades en el proceso. También criticó el uso desproporcionado de la detención preventiva como castigo anticipado.
La crisis estructural de la justicia en Bolivia
Ambos analistas coincidieron en que el caso Moreno es solo un síntoma de una crisis más profunda. Franklin Gutiérrez recalcó que el sistema judicial no funciona como un poder independiente, sino como un instrumento del poder político. Nadia Cruz denunció que prácticas autoritarias, como aprehensiones sin notificación y la incomunicación de detenidos, se están normalizando.
Finalmente, Cruz hizo un llamado a los partidos políticos a presentar propuestas claras para reformar el sistema de justicia. Señaló que los problemas no se resolverán solo con elecciones judiciales, sino con una transformación estructural del sistema que garantice autonomía, imparcialidad y transparencia.
