La gerente de Fiscalización de Contratos de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Sandra Sánchez, detalló los alcances del contrato con la empresa rusa Uranium One Group que prevé una inversión privada de $us 975 millones.
En entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón, Sánchez aclaró que los acuerdos son el resultado de un proceso internacional iniciado en 2021. “Luego de tres años se llega a aterrizar en un contrato, en la suscripción de un contrato, en este caso son dos empresas: china CBC y Uranium One Group”, dijo.
Según la gerente, toda la inversión será asumida por la empresa privada, sin gasto estatal. Explicó que el riesgo capital también corre por cuenta de la empresa rusa. Y si no se cumplen las metas de producción, no habrá devolución de la inversión. La planta pasará a ser parte de los activos de YLB en dos fases; primero con 9.000 toneladas, y luego, al tercer año, con las 14.000 toneladas proyectadas.
En 2024, el Gobierno firmó dos contratos para la Extracción Directa de Litio (EDL). El primero con la empresa rusa Uranium One Group, que implica una inversión de $us 975 millones. El segundo, con la firma china CBC por $us 1.030 millones.
Sánchez explicó que el contrato incluye cláusulas de control y fiscalización financiera; además, auditorías y la fiscalización de YLB. Se estima que el 85% de la planilla sea “personal boliviano” y por “regalías” se deje alrededor del 60% de ganancias en el país.
Respecto al medio ambiente, la ejecutiva indicó que se realizaron estudios preliminares que calculan un consumo del 10% de la recarga hídrica de la cuenca de Huasa Julaca. Sin embargo, precisó que el estudio de impacto ambiental y la licencia respectiva solo podrán elaborarse en la etapa de diseño final. El costo supera los $us 30 millones, inversión que la empresa no ejecutará sin un contrato “ya suscrito por el Estado”.
Sobre las diferencias con ambas plantas, explicó que la empresa china entregará la planta “al finalizar el contrato” cuando se hayan amortizado las inversiones. En el caso de Uranium One Group, se realizará “al inicio del proyecto”. En el caso de explotación de litio, remarcó que en ambas es “un contrato de servicios”.
Pese a las protestas y denuncias de cívicos y legisladores potosinos, el contrato con la empresa rusa se aprobó el martes en la Comisión de Economía Plural en la Cámara de Diputados, en una sesión custodiada por la policía. La norma debe ser considerada por el pleno de Diputados y luego por el Senado.
