David Inca, representante de las víctimas de Senkata, señaló que el informe realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 2021, obliga al Estado a garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de Sacaba y Senkata.
“Le está diciendo al Estado Plurinacional, al Estado boliviano: ‘eviten ser sancionados’. Independientemente de quién sea el gobierno, esto en caso de que no quieran cumplir el informe. Entonces ahí está el mensaje, nos ayuda a las víctimas, y bueno, pues vamos a tener que esperar”, explicó en entrevista con La Razón Radio.
Alerta de impunidad
Inca también mencionó la advertencia de impunidad emitida por la CIDH y la Organización de Naciones Unidas (ONU) Derechos Humanos sobre las masacres de Senkata y Sacaba, y el efecto que podría tener en la búsqueda de justicia de los familiares de las víctimas.
“Este informe del GIEI tiene que cumplirse, y si el Estado no quiere cumplir, entonces vamos por dos caminos. Uno, el incumplimiento de este informe el 17 de agosto del 2021, y el otro es el no acceso a la justicia, referente a las víctimas. Entonces tenemos ahí dos vertientes para poder trabajar, no es que ahí se queda. Por eso el informe del comunicado ha sido tan contundente que les está haciéndose acuerdo al gobierno”, manifestó.
Juicio de responsabilidades
Asimismo, Inca indicó que agotarán todas las posibilidades de acceso a la justicia dentro del país, comenzando por llevar a cabo el juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez, por haber firmado el Decreto Supremo 4078. Aunque señaló que existen factores políticos, dentro de la Asamblea, que podrían impedir el avance de este juicio.
El Decreto Supremo 4078 fue aprobado el 14 de noviembre de 2019. El mismo, eximia de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas en el uso de armas letales contra civiles. Esto con el fin de evitar actos calificados, en ese entonces, como “terroristas”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, condenó dicho decreto y señaló que el mismo “desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y estimula la represión violenta”
“En esta legislatura vamos a hacer el intento, porque justamente es uno de los requisitos que nos han puesto a las víctimas. Ahora, necesitamos el documento de las sentencias. Vamos a insistir, si en esta legislatura no se puede, porque no hay dos tercios, Comunidad Ciudadana y Creemos dijeron que no van a votar a favor. Con la siguiente sí hay dos tercios, pero todos son afines a Jeanine Áñez. Entonces si el juicio político se anula lo único que nos queda ahí es ir ante la Corte Interamericana”, señaló.
De acuerdo con Inca, una vez agotadas todas las posibilidades internas, acudirán a instancias internacionales con ayuda de Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s). “La única opción es aplicar este principio de pactos. Bolivia ha firmado pactos y convenios en temas de derechos humanos. Este informe es parte de ese convenio, no lo quieren cumplir, y así que al Estado lo tendríamos que llevar a la CIDH”, finalizó.
