El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, explicó que los dos magistrados prorrogados de esa instancia también deberán dejar sus cargos. Aunque precisó que su situación jurídica es distinta a la de los cinco magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
En entrevista con La Razón Radio, consultado sobre qué pasará con los magistrados prorrogados del TSJ, respondió: “No es lo mismo ser autoprorrogado que ser prorrogado. Los dos magistrados que tenemos nosotros en el TSJ fueron prorrogados en virtud a una decisión del TCP. Pero quienes se autoprorrogaron, quienes firmaron esa resolución, fueron ellos mismos (TCP)”.
“Sin embargo, al final de cuentas, se tienen que ir todos”, subrayó.
El martes, Saucedo presentó una denuncia contra Gonzalo Miguel Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo del TCP. A finales de 2023, extendieron su mandato mediante el Auto Constitucional 49/2023, emitido el 30 de diciembre, un día antes de que concluyera su periodo constitucional.
Antecedentes
La prórroga de funciones se dio como consecuencia del retraso en la elección judicial. Debía realizarse en 2023, pero se postergó más de un año.
Primero, la Asamblea Legislativa no logró los dos tercios necesarios para aprobar la convocatoria y el reglamento del proceso. Luego, una seguidilla de amparos y recursos constitucionales obligó a suspender las etapas de preselección y a ajustar las normas, lo que generó un bloqueo institucional.
Fue entonces cuando los magistrados del TCP argumentaron que no podían dejar sus cargos porque ello provocaría un “vacío de poder”. Finalmente, extendieron sus funciones hasta la posesión de nuevas autoridades judiciales.
Con la Sentencia Constitucional 0770/2024-S4, que declaró desierta la convocatoria para el TSJ en los departamentos de Beni y Pando; y para el TCP, en Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba y Tarija, el 15 de diciembre se eligió a 19 de un total de 26 magistrados y consejeros.
Esa decisión impidió la designación de sus reemplazos y, por tanto, dejó abierta la posibilidad de que los actuales magistrados continúen en funciones.
