El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, afirmó que, tras la denuncia admitida por la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, visualiza la salida de los cinco magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Nosotros podemos en este momento afirmar que ya se está visualizando la salida de los magistrados autoprorrogados”, afirmó en entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
“Es una señal clara que está emitiendo el Ministerio Público. De verdad que a nosotros nos llena de regocijo y nos llena de entusiasmo en cuanto a la recuperación de las instituciones que fueron tomadas por las arbitrariedades”, añadió.
Denuncia
Este viernes se conoció que, el jueves 20, la Fiscalía de Chuquisaca admitió la denuncia penal en contra de Gonzalo Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo. La denuncia es por falsedad ideológica y acoso político presentado por las magistradas electas Paola Verónica Prudencio Candia y Amalia Laura Villca.
La disputa en el TCP deriva de una crisis institucional que se remonta a 2023. En ese entonces la elección judicial quedó paralizada por falta de acuerdos políticos y por resoluciones del propio TCP.
El 11 de diciembre de 2023, a través de la Declaración Constitucional 049/2023 el TCP estableció que los magistrados electos de 2017 continúen en sus funciones pese a que la Constitución no contempla ese mecanismo. La votación recién se realizó de forma parcial en diciembre de 2024, lo que permitió que los magistrados continúen su prórroga.
Desde enero de 2025 conviven los cinco autoprorrogados y las cuatro autoridades electas. Según denunció el magistrado Boris Arias, los primeros excluyeron en la toma de decisiones.
El 31 de octubre, el TCP emitió el Auto Constitucional 070/2025, mediante el cual los magistrados “autoprorrogados” habilitaron una tercera extensión de mandato sin tomar en cuenta a los magistrados electos. Se declaró la inconstitucionalidad del proyecto de ley 259, que preveía el funcionamiento transitorio y excepcional del TCP y del TSJ.
Según Saucedo, la Asamblea Legislativa puede zanjar la situación retomando proyectos que cesen a los magistrados y permitan que el TCP funcione temporalmente con los cuatro magistrados electos.
Consultado sobre qué pasaría si el propio TCP intenta frenar una ley que disponga su cese, respondió que las autoridades prorrogadas no pueden intervenir en causas como “juez y parte”.
Sentencias
Respecto a las sentencias emitidas desde el 2 de enero de 2024, cuando inició la prórroga, manifestó que no se anularían para evitar un colapso jurídico, pero pueden ser revisadas.
Finalmente se refirió a los dos magistrados prorrogados de su institución. Afirmó que su situación es distinta porque dependen de la sentencia constitucional emitida por el TCP que los prorrogó en el cargo.
“Solo hay una diferencia: estos cinco firmaron una sentencia para ellos y, de yapa, metieron a los otros dos. Pero el hecho de que cesen a los del Tribunal Constitucional implica que se tienen que ir todos”, indicó.
