La Defensoría del Pueblo exhortó a la Asamblea a actuar con prontitud para dar una salida institucional a los cargos que quedaron acéfalos tras el cese de funciones de los magistrados “autoprorrogados” y consideró indispensable, como primera medida, que se convoque de manera inmediata al proceso de preselección de candidatos para ocupar los puestos vacantes en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Este proceso debe desarrollarse con transparencia, participación, igualdad y respeto a los méritos, asegurando que la posterior elección popular, prevista en la Constitución, pueda realizarse con oportunidad”, señaló la institución a través de un pronunciamiento.
La Defensoría destacó que la reciente decisión de la justicia que dispuso el cese de las autoridades que continuaban en funciones sin contar con un mandato vigente, es un paso importante para restablecer el orden constitucional.
Sin embargo, reiteró que ahora corresponde a las instancias competentes determinar, con respeto al debido proceso, “las responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos, a fin de evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse”.
Indicó que es fundamental garantizar la continuidad del trabajo del TCP y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) durante el tiempo que dure este proceso y, para ello, dijo, que su funcionamiento debe mantenerse únicamente con las autoridades actualmente habilitadas por la Constitución.
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“Cualquier mecanismo que no esté previsto por la norma constitucional podría volver a afectar la institucionalidad democrática y generar una nueva ruptura del orden constitucional”, aseveró.
La Defensoría reafirmó que la salida a esta crisis exige un compromiso firme con la legalidad, el respeto a la institucionalidad y la protección de los derechos humanos. “Solo así se podrá asegurar a toda la población una justicia independiente, imparcial y al servicio de la ciudadanía”, dijo.
Además, recordó que la falta de quórum, originada por las exautoridades prorrogadas, ha provocado un serio debilitamiento en el funcionamiento de la justicia constitucional. “Esta situación podría afectar el avance de los casos, la mora judicial y poner en riesgo las garantías fundamentales que dependen del trabajo oportuno del TCP.
El martes, la Asamblea aprobó el proyecto de resolución que define al órgano bicameral como la única instancia para la preselección de autoridades del TSJ y del TCP.
