La Comisión de Amnistía del Ministerio de Derechos Humanos del Gobierno de Brasil ha aceptado por unanimidad reconocer a la expresidenta Dilma Rousseff como víctima política durante la dictadura militar que rigió el país entre 1964 y 1985.
Rousseff fue detenida en 1970, a la edad de 22 años, mientras militaba en una organización opositora, y no fue liberada hasta tres años después. Durante su encarcelación, la ahora presidenta del Banco de los BRICS, sufrió torturas y una vez liberada siguió siendo perseguida por motivos políticos.
El relator del caso, Rodrigo Lentz, ha explicado que además de los daños físicos y psicológicos sufridos, Rousseff vio interrumpida su formación académica. Y no fue hasta el fin de la dictadura cuando pudo volver a trabajar con normalidad.
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Víctima política
Rousseff presentó su solicitud para acogerse a esta amnistía en 2022, sin embargo paralizaron el proceso mientras ocupara cargos en el Ejecutivo. En 2016 volvió a intentarlo, pero en 2022, el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro denegó su demanda.
Este reconocimiento trae consigo una indemnización de $us 17.784, que se suma a una de $us 12.800 que recibió por parte de los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo y Río Grande del Sur. Se trata de lugares en los que la torturaron. Si bien entonces renunció a ella.
Ya en febrero de 2023, la Justicia reconoció a Rousseff como víctima política durante la dictadura. Y ordenó el pago de una indemnización, aunque es esta comisión del Ministerio de Derechos Humanos el órgano oficial del Estado brasileño responsable de las políticas públicas de reparación.
