El expresidente Evo Morales denunció que el trato del Gobierno de Luis Arce con los “presos políticos” supera los extremos tolerables, debido a que estarían siendo obligados a trabajar sin pago e inclusive a pagar un monto de dinero para acceder a servicios básicos.
“La discriminación, el abuso y el trato inhumano a las hermanas y hermanos, presos políticos del gobierno de Luis Arce, ha llegado a extremos intolerables. No solo les obligan a trabajar sin pago alguno, sino que les cobran hasta para entrar al baño”, fustigó este domingo en su cuenta de X.
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Presos
Horas antes, Morales se había expresado de manear superficial sobre el tema, en su programa dominical en radio Kawsachun Coca, relatando las dificultades de algunos “presos políticos”, tras contar los testimonios de las familias de los detenidos.
Aproximadamente una veintena de seguidores del exmandatario se encuentran detenidos de manera preventiva, debido a su participación en los bloqueos entre octubre y noviembre de 2024.
De acuerdo con el Gobierno, los aprehendidos fueron identificados en posesión de armas, explosivos y son acusados de haber agredido a decenas de efectivos policiales que intentaban desbloquear las carreteras.
Según Morales, a muchos de ellos les inventaron pruebas materiales, colocándoles bombas y otros artefactos, cuando en realidad no tenían nada en su posesión.
Denuncia
El exmandatario también se refirió a los gastos que deben realizar los familiares de los detenidos, pues deben cubrir todos los costos del encarcelamiento. El líder cocalero señala que el único delito de los aprehendidos fue haber ejercido su derecho a la protesta en contra del gobierno de Arce.
Por ello, considera que el Gobierno ya superó todos los límites, “pero que en las dictaduras”, por lo que denunció ante la comunidad internacional la situación que atraviesan los bloqueadores, ahora recluidos en diferentes centros penitenciarios.
“Pedimos a la comunidad internacional y organismos defensores de los derechos humanos venir a Bolivia para comprobar esta violencia psicológica y denunciar al mundo estas acciones ejercidas, peor que en tiempos de dictaduras”, escribió Morales.
El Gobierno, por su parte, sostiene que los detenidos son investigados por delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, tráfico de armas, tenencia o portación ilícita de armas, instigación pública a delinquir, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra los servicios públicos, asociación delictuosa y secuestro.
