En una entrevista reciente en La Razón Radio, Silvia Salame, exmagistrada del Tribunal Constitucional, declaró que Andrónico Rodríguez actuó con plena competencia constitucional al presidir la sesión del 6 de junio de 2024, cuyo contenido fue parcialmente anulado por el TCP.
La sesión anulada y el fallo parcial
El fallo del Tribunal Constitucional anuló la sesión legislativa del 6 de junio, presidida por Rodríguez, pero validó dos puntos específicos: un decreto de indulto y la aprobación de un préstamo. Sin embargo, anuló el artículo que cesaba a los magistrados prorrogados, generando una fuerte controversia jurídica y política.
Salame cuestionó de manera frontal la validez de dicha resolución. “Ese documento no es una sentencia, es un volantín sin valor legal”, dijo, en alusión al documento con número 0113/2024, cuya publicación, según la exmagistrada, no aparece registrada de forma oficial ni en las plataformas del TCP ni en su informe de labores.
Rodríguez sí tenía respaldo legal para presidir
Según explicó Salame, la Constitución y el reglamento de las cámaras legislativas otorgan competencia al presidente del Senado para presidir la Asamblea Legislativa en caso de ausencia del presidente y vicepresidente del Estado. “No había duda sobre su competencia. Era totalmente legal”, sostuvo.
La exmagistrada indicó que el artículo 202.12 de la CPE regula el Recurso Directo de Nulidad (RDN), pero denunció que el fallo altera el espíritu mismo de esta figura jurídica, ya que reconoce validez parcial a una sesión que, en principio, declara como nula.
Advertencias de ilegalidad
Salame calificó como una “aberración jurídica” el hecho de que se haya anulado solo el punto relacionado con el cese de magistrados prorrogados, mientras se mantuvieron válidas otras decisiones adoptadas en la misma sesión. Considera que fue una maniobra de autoprotección por parte de magistrados sin legitimidad.
Además, denunció conflicto de intereses flagrante, ya que los mismos magistrados cuestionados fueron quienes firmaron la resolución que les beneficia. “Deberían haberse excusado; actuaron como juez y parte”, enfatizó.
Llamado a juicio penal y al rol del Senado
Para Salame, la única vía posible es el juicio penal, ya que —según indicó— los magistrados prorrogados no tienen legitimidad ni legalidad, por lo que no pueden ser juzgados mediante un juicio de responsabilidades. “No están protegidos por la Ley 044”, afirmó.
La exmagistrada instó al Senado a actuar con firmeza. “Espero que el presidente del Senado se amarre los pantalones”, expresó, anticipando una sesión clave en los próximos días. También interpeló al Ministerio Público para que asuma su rol como defensor de la legalidad, y no como un apéndice del poder político.
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Salame lamentó que la justicia no sea prioridad para la clase política. Pese a sus propuestas de reformas, incluyendo una ley para convocar elecciones judiciales, afirmó que no ha recibido respaldo suficiente. “El problema judicial solo importa a quienes tenemos principios y defendemos la Constitución”, concluyó.
