El informe del Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) calificó de arbitraria la detención del gobernador elector de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y sugirió su “inmediata liberación”.
El documento, cuyo contenido se conoció este viernes, señala que la detención “es arbitraria, puesto que se violó el principio de igualdad de los seres humanos, al haber estado motivada por su opinión política de dirigente”.
Asimismo, señala que es “arbitraria la privación de libertad cuando esta es destinada a reprimir a miembros de grupos políticos para silenciar sus reivindicaciones”.
Luis Fernando Camacho
Según el documento, la detención de Luis Fernando Camacho es considerada arbitraria, ya que vulnera ocho artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y cinco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Tras evaluar el caso, el Grupo de Trabajo, sobre la “detención arbitraria”, concluyó que la medida adecuada sería su liberación inmediata, además de garantizarle el derecho a una indemnización y otras formas de reparación conforme al derecho internacional.
También instó al Gobierno de Bolivia a tomar las medidas necesarias para alinear la situación con las normativas internacionales, incluidas las establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el mencionado Pacto.
Grupo de Trabajo de la ONU
Las recomendaciones incluyen no solo su liberación y compensación, sino también la realización de una “investigación independiente” sobre las circunstancias en las que se produjo su detención el 28 de diciembre de 2022.
“El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Camacho y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, señala el informe.
Además, el caso fue remitido a distintas relatorías especiales de Naciones Unidas, incluyendo aquellas dedicadas a la protección del derecho a la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y la independencia judicial.
Informe
Se solicitó al Gobierno de Bolivia difundir las conclusiones del Grupo y proporcionar, en un plazo de seis meses, información sobre las acciones tomadas o dificultades encontradas en la aplicación de las recomendaciones. De no recibir respuesta, el Grupo se reserva el derecho de hacer su propio seguimiento.
Por su parte, Human Rights Foundation, con sede en Nueva York y representante internacional ad honorem de Camacho en su programa de litigio global, afirmó que las conclusiones del Grupo de Trabajo tienen carácter vinculante. La organización anunció una conferencia de prensa este lunes en La Paz junto a la familia del gobernador.
Respuesta
Mientras tanto, el ministro de Justicia, César Siles, expresó su desacuerdo con las conclusiones y rechazó su carácter vinculante. Adelantó que el Gobierno solicitará una revisión del informe.
Precisamente, luego de tener el informe, Siles consideró que su contenido es sesgado, parcial y desactualizado.
Dijo que la solicitud de revisión es trabajada por al menos cuatro instituciones: los ministerios de Justicia, Gobierno y Relaciones Exteriores, y la Procuraduría General del Estado.
Asimismo, aclaró que el informe de dicha oficina se constituye en una “opinión” y no en una sentencia con carácter vinculante.
