El ministro de Justicia, César Siles, advirtió este domingo de una aplicación errónea en el procedimiento de la justicia al emitir notificación contra el presidente Luis Arce, Evo Morales y otras exautoridades sin antes discutir la utilidad y pertinencia de cada testigo.
A través de las redes sociales, se conoció que el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción 6 de La Paz convocó, para el lunes 31 de marzo, al expresidente Morales, al exvicepresidente Álvaro García Linera, al exministro de Gobierno Carlos Romero y al presidente Arce para que brinden su declaración en calidad de testigos por el caso Golpe de Estado I.
“Mañana se tienen que discutir antes de emitir las citaciones. Considero y lo digo públicamente que ha sido una aplicación errónea del procedimiento por partes de las autoridades judiciales que hayan emitido notificaciones cuando todavía no se ha discutido, según el procedimiento penal, cuál es la utilidad y pertinencia de cada testigo”, explicó Siles.
La autoridad mencionó que este procedimiento ya sucedió con la prueba de cargo en el que tanto la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado como el Ministerio de Gobierno ofrecieron “muchos” testigos, pero que en una audiencia se determinó cuántos iban a declarar.
“Declararon unos cuantos y no los 200 (testigos) solicitados”, indicó.
De acuerdo con el titular de la cartera de Justicia, ese mismo procedimiento debe ocurrir y se debe de discutir la utilidad y la pertinencia sobre la contribución al caso de las declaraciones del presidente Arce, del expresidente y todos los que están anotados como testigos de descargo de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.
Aseveró que una vez que se supere esa etapa, recién se debe emitir las citaciones y cumplir lo que señala el Código de Procedimiento Penal en cuanto al tratamiento especial.
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“El Código de Procedimiento Penal establece que todo boliviano que es citado a prestar una declaración testifical en un juicio debe presentarse sin excusa”, afirmó.
Sin embargo, reiteró que el artículo 195 de Código Penal establece un tratamiento especial para el caso del Presidente y el Vicepresidente, parlamentarios de las cámaras que gozan de un tratamiento diferente para declarar en su domicilio, en su lugar de trabajo, e incluso por escrito.
La autoridad recordó que el mandatario y el vicepresidente sí declararon en el caso Zúñiga y en ese caso si había la pertinencia y utilidad en su declaración porque ellos eran las víctimas. Sin embargo, dijo que en el caso Golpe I será el juez quien determine la utilidad y pertinencia.
“Por el momento, el Presidente no recibió ninguna citación. Vimos en los medios de comunicación que se publicó una citación, pero formalmente no recibió y además aclarar, una citación al Presidente no corresponde. Al Presidente se le tiene que emitir un oficio”, indicó.
A finales de 2020, la exdiputada Lidia Patty interpuso una querella penal contra los políticos que promovieron la dimisión del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019, al que se denominó caso Golpe de Estado I.
Dentro de este caso se encuentran imputados Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, además de exjefes militares.
Los acusados, en 2019, jugaron un papel particular en la crisis poselectoral devenida de las cuestionadas y suspendidas elecciones generales del 20 de octubre, calificadas como “fraude” por la oposición y “manipulación dolosa” por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).
