El Consejo de la Magistratura analizará las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) respecto de la detención del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a la que calificó de “arbitraria”.
“Vamos a analizar las recomendaciones y, en base a lo que nos competa por ley, vamos a accionar inmediatamente. Esto puede incluir solicitar una recomendación al juez o advertir sobre situaciones que vulneren derechos”, dijo el presidente de ese órgano, Manuel Baptista, citado por Erbol.
El titular de la Magistratura indicó que esa oficina no tiene la facultad de interferir en las decisiones de los jueces. Sin embargo, se comprometió a revisar el informe internacional en función de sus competencias y del respeto a los derechos humanos.
Luis Fernando Camacho
Dicho informe está referido a la supuesta vulneración de derechos humanos del otrora líder del Comité pro Santa Cruz, que fue aprehendido por la Policía Boliviana el 28 de diciembre de 2022 y que guarda detención preventiva en el penal de Chonchocoro, acusado en el caso Golpe de Estado I.
Por encontrar la “arbitrariedad” del procedimiento, el Grupo de Trabajo de la ONU recomendó la “liberación inmediata” de Camacho.
Respecto de ese informe, el ministro de Justicia, César Siles, dijo que aquel es “parcial”, “sesgado” y “desactualizado”.
Siles explicó que dicho informe fue realizado por el Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que está compuesto por expertos independientes.
“De acuerdo al procedimiento de Naciones Unidas, (el informe) es sujeto de revisión”, aclaró Siles.
ONU
Dijo que la solicitud de revisión es trabajada por al menos cuatro instituciones: los ministerios de Justicia, Gobierno y Relaciones Exteriores, y la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, hasta ahora no se conoció si la solicitud de revisión fue o no enviada a la ONU.
Asimismo, aclaró que el informe de dicha oficina se constituye en una “opinión” y no en una sentencia con carácter vinculante.
Actualmente, el juicio por ese caso, se encuentra en la presentación de testigos de descargo.
El caso Golpe de Estado I investiga los hechos precedentes a la dimisión del presidente Evo Morales en 2019; en medio de una fuerte convulsión social y política.
Foliado como “Luis Fernando Camacho y otros”, estaban acusados Camacho, el exlíder cívico potosinista Marco Antonio Pumari y la expresidenta Jeanine Áñez, aunque fue excluida de este caso por tener una condena en el caso Golde de Estado II, desde el 10 de junio de 2022.
Informe
Camacho y Pumari, en Santa Cruz y Potosí respectivamente, lideraron las protestas por un supuesto “fraude electoral”. La movilización, replicada en varias regiones, cobró fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que Morales deje el cargo.
Morales renunció el 10 de noviembre de 2019. Dos días después, la entonces senadora Áñez asumió, primero, la titularidad del Senado; luego, la presidencia del país, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin el quorum reglamentario ni la presencia de los legisladores del MAS, que entonces tenía la mayoría en la Asamblea Legislativa.
El oficialismo calificó esos hechos como un “golpe de Estado”.
