La Defensoría del Pueblo, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), realizó este jueves gestiones para verificar las condiciones de aislamiento que cumple el exgeneral Juan José Zúñiga en el recinto penitenciario El Abra, Cochabamba, tras conocer la denuncia de la esposa del exmilitar de malos tratos y precarias condiciones en las que se encontraría.
El miércoles, la Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados el 26 de junio de 2024, conformada por miembros de la Asamblea Legislativa, intentó ingresar a El Abra para la toma de declaraciones a Zúñiga en el marco de la investigación que realizan; sin embargo, no lograron realizar su cometido, debido a una medida de protesta que asumían privados de libertad exigiendo el pago de sus prediarios.
Tras la insistencia y gestiones realizadas ante Régimen Penitenciario, personal del MNP logró entrevistar a Zúñiga, quien manifestó no ser víctima de ningún tipo de maltrato físico ni psicológico.
Señaló también que recibe alimentación diaria, pero que prefiere no consumirla debido a que no confía en la misma; recibe valoración médica y psicológica semanal en su celda y se le permite la salida de su celda por el lapso de una hora para tomar sol.
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El exjefe militar pidió además que se le permita salir de la celda en la que actualmente se encuentra y recibir la visita de su esposa e hijo.
En la verificación realizada en celdas de Zúñiga se constató que la misma cuenta con servicios higiénicos y mobiliario necesario para su permanencia, así como luz natural y luz artificial.
La Defensoría, a través del mecanismo, realiza el seguimiento específico de posibles hechos de vulneración de derechos humanos de privados de libertad y emite las recomendaciones necesarias a los recintos penitenciarios tras realizar verificaciones como en el realizado en la celda de Zúñiga.
Personal Defensorial sostuvo también reunión con delegados de los privados de libertad quienes hicieron conocer su reclamo por el hacinamiento, la aplicación de la Ley 1443, así como el pago de los prediarios que ya llevan un retraso de tres meses, afectando su derecho a la alimentación, entre otros temas.
