El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, negó este miércoles cualquier eventual vinculación con el caso Consorcio. Respaldó al fiscal departamental de La Paz, Carlos Tórrez, y descartó una posible renuncia a su cargo.
“No existe ninguna vinculación de mi persona dentro del presente hecho y le doy la plena confianza al fiscal departamental de La Paz”, dijo en conferencia de prensa en Santa Cruz.
Tomando en cuenta que la autoridad fue nombrada en el audio que destapó ese caso, una periodista de Unitel preguntó si Mariaca renunciaría al cargo para someterse a una investigación.
Roger Mariaca
Furibundo, el fiscal general respondió: “No tengo por qué renunciar”.
El caso Consorcio surgió tras la filtración de un audio que develaba presuntamente que el exministro de Justicia César Siles coordinaba con el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, un fallo judicial para suspender a la magistrada titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira y habilitar en su lugar a su suplente, Iván Campero.
La denuncia fue presentada por la Unidad de Transparencia del TSJ, que detectó una posible red de influencia judicial en la que también estarían implicados la vocal Claudia Castro y el ahora expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz Yván Córdova.
Caso Consorcio
“Si mi persona o el fiscal departamental de La Paz tuvieran algo que ver dentro del presente hecho, ¿creen ustedes que no lo hubiera manifestado el juez? (…) Yo salgo y aclaro por mi institución, que es el Ministerio Público; por mi persona y por la confianza que le tengo al fiscal departamental de La Paz”, insistió.
Mariaca recordó que el audio alude a miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Magistratura. “Cada cual tiene que cuidar su institución”, afirmó.
El caso generó un fuerte escándalo institucional y político, que derivó en la renuncia de Siles al Ministerio de Justicia, la aprehensión de Lea Plaza, Castro, Campero y el abogado José Ramiro Uriarte, y la salida de Córdova de su cargo. Según la investigación, este presunto consorcio operaba para manipular decisiones judiciales con fines políticos.
La causa fue declarada en reserva por 10 días, mientras la Fiscalía amplió las indagaciones a otras autoridades mencionadas en el audio, como el presidente del Consejo de la Magistratura y el fiscal general del Estado.
